Ante el inminente inicio de las campañas electorales en el Estado de México por la renovación de la gubernatura, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM) presentó las propuestas de solución que puso a consideración de quienes encabezarán las candidaturas, enfatizando que por primera vez las propuestas se originan en un trabajo conjunto con los partidos usando un diagnóstico claro y poniendo sobre la mesa propuestas viables a fin de lograr una política económica estatal de largo plazo.
Convertir al Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad en un cuerpo de alto nivel, que tenga como eje encontrar nuevos mecanismos para financiar el crecimiento y traducirlo en desarrollo y empleos de nueva generación, fundar la unidad de atracción de inversiones y hacerla la más importante del país, así como lograr ser el estado con los menores tiempos y trámites de apertura de empresas del país, son parte de las rutas de acción para avanzar a la competitividad en la entidad planteadas por el Consejo Coordinador Empresarial Estado de México (CCEM) a las aspirantes a la gubernatura, informó la presidenta del organismo, Laura González Hernández.
En rueda de prensa, subrayó que la competitividad no debe ser un término más para quien pretende gobernar el Estado de México, sino que debe definir el camino para la prosperidad de la sociedad pues es un medio poderoso para alcanzar mejor calidad de vida y mayor bienestar social.
Es por ello, dijo, que en primer término se tiene que revisar y hacer cumplir de manera conjunta la Ley de Fomento Económico del Estado de México, que tiene innumerables temas fundamentales para poner al estado en capacidad para competir.
Además, es fundamental modificar la estructura de la Secretaría de Desarrollo Económico, que tenga como principal objetivo la atracción de inversión nacional y extranjera con recursos y estructura suficientes para ser la de mayor alcance del país.
Asimismo, para alcanzar mayores ventajas competitivas; en materia de normatividad el CCEM propone lograr la regulación más adecuada y simple del país, donde no haya lugar a la corrupción, al abuso o a la arbitrariedad.
Esto, dijo, solo se puede lograr migrando a un esquema 100% de trámites electrónicos, ya que el problema de tratar con personas es caer en vicios difíciles de erradicar, en algunos casos.
Respecto al tema de verificaciones, tiene que frenarse la arbitrariedad en la aplicación de las normas y esto solo se podrá lograr haciendo una revisión profunda de la normatividad actual para eliminar la aplicación de criterios a consideración de la autoridad que provocan actos de corrupción.
Además de la implementación de un plazo o prórroga de cumplimiento para faltas menores.
Categórica, la líder empresarial indicó que en tanto no se logre una migración a trámites estatales y municipales completamente digitales, así como la actualización total de los planes de desarrollo urbano, se requiere un plazo de gracia mínimo de 60 días para el inicio de operaciones de las empresas que no sean de alto riesgo y con esto puedan dar cumplimento a sus trámites, para lo que únicamente se requiere voluntad política.
Un elemento que dificulta el desarrollo, la competitividad y las inversiones – agregó- es contar con un estado de derecho débil, por lo que en este sentido con el propósito de garantizar a la ciudadanía la defensa efectiva de sus derechos en contra de los abusos de autoridad, es necesario simplificar el trámite contenido en el Código de Procedimientos Administrativos, así como replantear el funcionamiento e integración del Tribunal de Justicia Administrativa para reducir la burocracia en este medio de defensa e incrementar su capacidad para atender la creciente demanda y sus resoluciones sean expeditas.
La empresaria destacó que la inseguridad es el tema que más impide la instalación y crecimiento de las empresas en el país, por lo que es “inminente la necesidad de una colaboración estratégica y efectiva de las fuerzas estatales, federales y municipales para reducir el nivel delictivo actual”.
La propuesta en este rubro, es que si las instituciones son incapaces de frenar los delitos que aquejan al sector empresarial, entonces la autoridad deba cubrir el daño derivado de estas fallas o irregularidades en su manejo, a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de México por medio de indemnizaciones; es por esto, que la propuesta va en torno a revisar la Ley y sus reglamentos para hacer expedito el trámite de indemnización -que hoy por hoy tiene alcance municipal, estatal y federal-.
González Hernández también informó que en el paquete de propuestas se establece la negativa a aceptar la creación de más impuestos y por el contrario, piden una revisión exhaustiva de los ya existentes.
Pero sobre todo hacer valer el motivo que originó la implementación del impuesto del 3% sobre nómina y la propuesta radica en su aplicación total para temas de infraestructura productiva, rehabilitación integral de las vialidades, investigación y desarrollo, apoyo a pymes, entre otros.
Entre los temas de mayor relevancia y prioridad se encuentra el impulso al sector agropecuario buscando convertirlo en uno de los motores de la economía mexiquense a mediano plazo y para ello se requiere darle tratamiento de actividad económico, así como un impulso decidido a través de formalización, financiamiento, equipamiento, comercialización, capacitación y alta especialización desde las secretarías del Campo y Desarrollo Económico.
Así mismo se presenta todo un esquema de propuestas para obra pública, vivienda y zonas con potencial de desarrollo industrial y comercial.
A su vez el sector comercial y de servicios busca ser potenciado en formalización para potenciar a las micro, pequeñas y medianas empresas, lograr un encadenamiento productivo real y duradero, financiamiento no excluyente y ser prioridad para compras de gobierno.
Cada una de las propuestas expuestas a las candidatas por el gobierno del Estado de México han sido elaboradas por expertos, evaluadas para su viabilidad y se busca sean consideradas no solo para la campaña, sino para el plan de gobierno, por lo que se espera un compromiso más allá del próximo 4 de junio.
Ante la realidad, González Hernández comentó que era necesario que los actores empresariales intervinieran en las estrategias de recuperación y renovación de orden económico, pues anteriormente “esperábamos lo que los gobiernos tuvieran que decirnos” y prácticamente se generaba una inercia. “Hoy pretendemos influir en la agenda económica y ser parte de su implementación”, concluyó.
