Mediante redes sociales el Coordinador del PAN, Enrique Vargas del Villar, mostró su apoyo hacia la propuesta de creación de una Fiscalia enfocada al adulto mayor dentro del Estado de México.
Desde el #CongresoEdomex seguimos trabajando por nuestras abuelitas y abuelitos mexiquenses.
Ellos merecen que les garanticemos su protección, atención, cuidado y seguridad. pic.twitter.com/sQom6czAh2
— Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) February 22, 2023
La diputada María de los Ángeles Dávila Vargas y el diputado Enrique Vargas del Villar plantearon reformas la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Contra el Adulto Mayor, con lo que se busca brindar una mejor asistencia y un trato digno a una población estimada en un millón 919 mil 454 personas.
En sesión deliberante, la legisladora María de los Ángeles Dávila señaló que la propuesta, que se analizará en las comisiones de Procuración y Administración y para la Atención de Grupos Vulnerables, surgió de los foros realizados por la bancada del PAN ‘Escuchar para legislar’, a fin de asegurar la certeza y legalidad de los procesos que involucren personas mayores, además de una justicia expedita, con un espíritu social y de compromiso con la sociedad mexiquense.
La legisladora expuso que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 2019 en la entidad se registraron 49 denuncias por presuntos delitos contra personas mayores, resultando 13 víctimas por delitos de violencia familiar y abandono; en tanto, organismos como la Fiscalía General de Justicia y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios registraron mil 876 quejas, que corresponden a 37 por ciento del país de 2016 a 2017.
Pese a lo anterior, enfatizó la legisladora, no se procede a levantar denuncias para castigar a las personas agresoras de las y los adultos mayores, por lo que se debe otorgar mayor información hacia el adulto, toda vez que el apoyo hacia ellos es fundamental para que no estén desprotegidos por parte de las autoridades y accedan a un proceso legal y entorno digno con pleno respeto a sus derechos humanos.
