La radio mexicana enfrenta una crisis severa. Pero no, no es por falta de audiencia sino de legalidad y justicia. Hay más de 600 estaciones ilegales en todo el país, principalmente en Puebla, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, que operan sin pasar por todas las sobrerregulaciones y pagos que sí enfrenta la industria formal. Cuando alguna es desmantelada, sus responsables y operadores ni siquiera pisan la prisión y sus sanciones, si es que se les imponen, son mínimas.
Poniendo El Dedo en la Llaga, Adrián Laris, director de Heraldo Radio y presidente de la Consejo Consultivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, devela también otros problemas graves. En los estados donde el crimen organizado tiene más raíces, comúnmente el derecho de piso incluye que los negocios que logran comprar algún espacio en radio y televisión, terminan no haciéndolo porque la delincuencia les arrebata ese dinero, ahorcando el círculo virtuoso de los beneficios publicitarios y financieros.
¿Suficientes problemas? No. La reciente reforma a la Ley General de Comunicación Social dispone que los municipios solo pueden invertir el 0.1 por ciento de su presupuesto en campañas de difusión, lo que coarta su autonomía y libertad de expresión, al mismo tiempo que cierra otra fuente de ingresos para la televisión y la radio.
No es asunto menor. Hablamos de toda una industria con 375 licencias en AM, 1,669 en FM y 785 de televisión digital terrestre, que genera casi 50 mil empleos y es mucho más que estratégica para comunicar e informar todo el tiempo, particularmente cuando sucede una emergencia, un desastre o un asunto de interés nacional.
Sin embargo, esta industria es cada vez más asfixiada por la sobrerregulación. Obtener o renovar el título de concesión para operar una frecuencia radiofónica o televisiva, significa pagar una contraprestación que la autoridad calcula en función de su valor de mercado internacional. Es decir, el empresario debe retribuir anticipadamente las ganancias que podrá obtener o no, lo que hace que esos negocios nazcan y permanezcan con problemas financieros continuos.
Más aún, además de la carga fiscal de por sí onerosa para toda empresa en México, cada estación de radio debe ceder al Estado 65 minutos diarios de su tiempo de transmisión y cada canal de TV, 48 minutos distribuidos a lo largo del día.
Este es el mecanismo por el que, en épocas electorales, los partidos políticos nos inundan con spots propagandísticos, campañas mal hechas y disputas insulsas a todas horas, sin pagar por ello ni un solo centavo a pesar de las prerrogativas millonarias que también reciben. Esos son solo dos de los muchos problemas que enfrenta la industria.
La CIRT está haciendo un trabajo arduo de negociación con el Congreso en busca de aliviar toda esa sobrerregulación y poner el foco en las prácticas ilícitas que significan el tiro de gracia. Veamos cómo actúan los legisladores frente a una situación tan crítica.
Aunque múltiples agoreros del ciberespacio han vaticinado su fin por años, la radio está más viva que nunca. Las razones son claras: su inmediatez sigue siendo inigualable, y goza del prestigio y la confianza del periodismo veraz, documentado y bien dicho, que contrasta con el océano de noticias falsas y rumores que suelen inundar las redes.
Su penetración e influencia está fuera de toda duda. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales más reciente, documenta que 57 de cada 100 hogares mexicanos tiene un radio y lo escuchan 3.1 horas diarias en promedio. ¿Es solo una costumbre de adultos nostálgicos? Para nada. Los menores de edad pasan 2.4 horas al día oyendo programas musicales e incluso noticiosos.
Sí, la radio está muy lejos de morir.
