Por Adriana Delgado Ruiz
No nacimos mujeres para morir por serlo, pero entre enero y septiembre, 2 mil 847 mujeres fueron asesinadas en México, según las cifras oficiales. Sin embargo, solo 711 de esos crímenes se registraron como feminicidios. Estamos hablando de 10 féminas privadas de la vida diariamente en promedio y de una ineficacia de las autoridades que va mucho más allá de lo lamentable e indignante.
Las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en su cuenta de Twitter, son más que oportunas: “Urgen: 1. Un tipo penal nacional de feminicidio. 2. Un protocolo nacional para investigar este delito. 3. Que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos”.
El feminicidio está tipificado en todas las entidades federativas, pero con definiciones caóticas. En seis es una agravante del homicidio, en el resto es una figura autónoma y las penas son distintas. ¿En serio es tan complicado ponerse de acuerdo desde el diseño de la ley?
El Código Penal Federal tipifica el feminicidio como privar de la vida a una mujer por razones de género en ocho circunstancias. De no cumplirse al menos una, se procesa como homicidio. La pena por cometer feminicidio es de 40 a 60 años de prisión y además “al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años”, claro, adicionalmente a la inhabilitación.
¿Por qué entonces los feminicidios siguen tan altamente impunes? ¿Por qué fiscales y jueces no procesan los casos con la debida y justa perspectiva de género? ¿Por qué las mujeres que denuncian violencia son revictimizadas en los ministerios públicos? Frente a esa circunstancia, no debemos perder la memoria ni la capacidad de indignación.
Ariadna Fernanda López, de 27 años, estuvo 15 horas encerrada con sus presuntos asesinos. ¿Por qué la fiscalía de Morelos afirmó presurosa que no fue un feminicidio? Si una congestión alcohólica no le permitía vomitar ¿por qué no llamaron a los servicios de emergencia? ¿Por qué sacaron su cuerpo de un departamento en la Ciudad de México y fueron a abandonarlo hasta el estado de Morelos? ¿No es ese solo hecho una forma despectiva y grotesca de violencia contra la mujer? La Fiscalía General de la República tuvo que atraer el caso.
Otro expediente tomado por la FGR es el de Debanhi Escobar, joven neoleonesa hallada muerta en una cisterna que había sido revisada antes. Tres autopsias y desaseo absoluto en la investigación, sin embargo, ningún funcionario de la fiscalía estatal ha recibido sanción alguna por ello.
Los nombres de víctimas de feminicidio se agolpan. Cada una con una historia, una familia, un sueño, una vida truncada. La maestra de inglés Mónica Citlali Díaz. La joven economista Lidia Gabriela Gómez, quien paradójicamente murió al lanzarse de un taxi buscado ponerse a salvo.
Mujeres víctimas de la violencia más atroz y viven un infierno. María Elena Ríos, virtuosa saxofonista en Oaxaca, atacada con ácido en 2019, no ha visto justicia. No es la única, hay muchas más, pero en 25 estados los ataques con sustancias corrosivas son delitos sin agravante de género. En Jalisco, 34 mujeres acuden al día a solicitar protección de la autoridad por ser víctimas de algún tipo de violencia. En Morelia, el propio Instituto Municipal de la Mujer señala al centro de la ciudad como una zona de alto riesgo de violencia de género.
No me alcanza el espacio para tantos nombres y casos. No nacimos mujeres para morir por serlo. ¡Alto al feminicidio!
