La Coalición Mexicana LGBTTTI+ exigió al Estado mexicano promover la inclusión laboral de las personas trans y no binarias, mediante una iniciativa o reforma de ley que contemple al menos el 3% de las plazas disponibles para estas poblaciones en el servicio público.
Exigió políticas públicas que les ofrezcan oportunidades laborales a nivel federal, estatal y municipal; así como crear un Registro Único de Aspirantes, desarrollar un Plan Nacional de Capacitación Laboral y abrir líneas de crédito con tasa preferencial para financiar emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, dirigidos a personas trans y no binarias.
En conferencia de prensa, realizada en el Centro Cultural del México
Contemporáneo, activistas trans emplazaron a todas las instituciones del Estado mexicano y sus funcionaros a que rompan sus silencios cómplices y se declaren aliados estratégicos de las poblaciones trans y no binaria, con el fin de cerrar la brecha de desigualdad que históricamente han padecido.
“Las poblaciones trans y no binarias tenemos menos oportunidades de empleo, ganamos salarios más bajos, vivimos más frecuentemente en la pobreza, sufrimos peores condiciones de salud, enfrentamos mayores obstáculos en la educación y padecemos violencia y rechazo familiar de manera cotidiana”, denunciaron.
El Estado, enfatizaron, debe generar espacios laborales seguros e incluyentes dentro de sus instituciones, así como garantizar igualdad de oportunidades. Por ello, la Coalición Mexicana LGBTTTI+ elaboró un Diagnóstico Situacional sobre Violencia Laboral, un Protocolo de Actuación para Servidores Públicos y una Propuesta de Ley sobre Ocupación Laboral para las Poblaciones Travesti, Transgénero, Transexual y No Binaria.
A la presentación de los documentos, acudieron funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los consejos nacional y capitalino para Prevenir la Discriminación (Conapred y Copred), así como legisladores LGBT y activistas trans de diversos estados de la República Mexicana.
Activistas contra la exclusión laboral Melken Mejía aseveró que el Estado está obligado a proteger a las personas trans y no binarias en todo el proceso laboral: desde la oferta y contratación, pasando por salarios dignos, permanencia en el trabajo y promoción de ascensos, hasta el despido, con todos los beneficios de ley. Además, pidió fortalecer los mecanismos de defensa, atención y sanciones ante los actos que violen estos derechos.
Josseline Mendoza advirtió que el mercado laboral las orilla al empleo informal, al autoempleo o al trabajo sexual, tan criminalizado en México; lo cual “atenta contra nuestro derecho legítimo a un trabajo formal, a un salario digno y a un verdadero despliegue de nuestras capacidades”.
Cassandra Manjarrez destacó que los mercados de trabajo las segregan sin importarles sus capacidades y potencialidades; por lo que padecen tasas de desempleo superiores al promedio nacional, se les limita a empleos de baja categoría y escasa remuneración y se les niegan altos cargos en el sector formal, aunque estén calificadas para ello.
Ana Karen López apuntó que los derechos de estas personas han sido
históricamente vulnerados y sus contribuciones al desarrollo de México no han sido valoradas con justicia ni han sido remunerados equitativamente. “La Ley Federal del Trabajo carece de la perspectiva de diversidad sexual y de género, particularmente de la inclusión laboral de personas trans y no binarias”, recalcó.
La esperanza de vida de las personas trans en México es de 35 años, mientras que la media nacional es de 78 años para mujeres y 72 para hombres; debido a los bajos niveles de calidad de vida que enfrentan (crímenes de odio, exclusión, discriminación, abusos de autoridad, etc.), producto de una sociedad que criminaliza su identidad de género y les niega el acceso a derechos.
Una persona LGBTTTI+ pasa 10 meses buscando empleo, en promedio, tiempo en el que depende del apoyo familiar o su capacidad de ahorro. Y entre quienes tienen empleo, el 80% todavía no sale del closet en su espacio laboral, aunque sí lo hayan hecho en otros ámbitos de su vida. En tanto, 2 de cada 3 personas trans no tienen experiencia laboral, porque padecen pocas oportunidades de trabajo.
Exigencias de la Coalición Mexicana LGBTTTI+
- Instaurar un cupo laboral mínimo del 3% en las instituciones, organismos autónomos y descentralizados de los tres poderes del Estado mexicano.
- Promover leyes, políticas públicas y programas de fomento y generación de empleo, a fin de que accedan al mercado laboral formal, libres de estigma y discriminación.
- Establecer un cupo mínimo en licitaciones y contrataciones del Estado dirigido a proveedores, cooperativas y proyectos autogestivos integrados por personas trans y no binarias.
- Favorecer iniciativas de empleo independiente y asociativo, mediante el financiamiento, aporte de herramientas y capacitación para la gestación de unidades productivas.
- Otorgar incentivos económicos a las empresas que practiquen la inclusión laboral trans, tales como reducciones y/o exenciones fiscales u otros incentivos económicos.
- Capacitar a servidores públicos de los tres niveles de gobierno para que
brinden trato digno, equitativo y libre de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género. - Incorporar la inclusión laboral trans en las agendas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en México.
- Fomentar que los sindicatos garanticen los derechos de las personas
LGTBIQ+, como la inclusión laboral trans y el acceso a seguros médicos que abarquen tratamientos de reafirmación de género, entre otros. - Desarrollar programas de fomento a la vivienda, así como de mejoramiento, ampliación y rehabilitación de vivienda.
- Otorgar becas a personas desempleadas, así como para quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
- Incorporación a los programas de apoyo a la producción rural (PIEBS,
FOCOMDES, Alianza). - Realización de campañas que promuevan la presentación de quejas,
denuncias y demandas laborales por discriminación. - Que el Estado mexicano incorpore una perspectiva integral (salud, vivienda, educación, empleo, infancias, etc.) en sus políticas públicas dirigidas a las poblaciones trans y no binarias.
