No habrá “fiscal carnal”, afirma Maurilio Hernández

 

Maurilio Hernández González, líder de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, notificó que, luego de la renuncia de Alejandro Gómez Sánchez a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Poder Legislativo emitirá la convocatoria que establecerá los lineamientos para los interesados en ocupar el cargo.

El diputado dijo que, el fiscal Gómez Sánchez, no especificó a los miembros de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las causas que lo orillaron a separarse del cargo. No obstante dijo que los resultados están a la vista de todos.

Asimismo, el líder, recalcó que su bancada no tendrá un “fiscal carnal”, pues la convocatoria estará abierta para que todo aquel que considere tener posibilidades, cubra los requisitos, se registre y entregue a la Legislatura su documentación. Precisó que su grupo parlamentario no buscará colocar “a ninguna persona afín a Morena”, y confió que el Poder Ejecutivo también tendrá una conducta en ese mismo sentido.

El Poder Legislativo tiene 20 días naturales para nombrar a un nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que, durante la sesión del pleno legislativo, a celebrarse el jueves 17 de febrero, se activará el procedimiento que inicia con la emisión de la convocatoria y que otorga tres días naturales para convocar a las y los interesados, señaló el lider morenista.

Posteriormente, dijo, se realizará un proceso de revisión de requisitos y perfiles de las y los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal.

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De dicha etapa surgirán 10 nombres que serán enviados al Poder Ejecutivo y éste los reenviará al Poder Legislativo local en paquete de ternas, de las cuales se seleccionará al próximo fiscal por mayoría calificada de votos.

Cabe mencionar que, Maurilio Hernández precisó que, existe un “candado” que establece la ley para que el nombramiento del fiscal sea por mayoría calificada, lo que garantiza un equilibrio de poderes, entre las fuerzas políticas locales representadas en la Cámara de Diputados, y un proceso imparcial, transparente y con contrapesos.

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