Cuatro integrantes del Tribunal Superior Agrario a quienes se acusa de violar la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas fueron denunciados por ejidatarios de José María Pino Suárez, en el municipio de Tulum, Quintana Roo.
De acuerdo con la acusación, los magistrados Maribel Concepción Méndez de Lara, Alberto Pérez Gasca, Claudia Dinorah Velázquez González y Carmen Laura López Almaraz incurrieron en acciones ilegales al emitir una resolución que podría provocar el despojo del patrimonio familiar de sus denunciantes.
La denuncia fue interpuesta el día 15 de diciembre de 2021 ante el Órgano Interno de Control de los Tribunales Agrarios como consecuencia del fallo que emitieron en el recurso de revisión 211/2020-44, del 13 de julio del mismo 2021.
En esa resolución, los denunciados determinaron desconocer –a favor de un grupo empresarial que asegura ser dueño de predios en el ejido- la creación por decreto Presidencial del 8 de octubre de 1973 del denominado Nuevo Centro de Población Ejidal José María Pino Suárez, en Tulum, Quintana Roo.
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Dicho decreto establece la propiedad de los terrenos que actualmente se encuentran en el litigio luego de un proceso amañado de sobreposición de escrituras con el cual se intenta despojar a las familias del ejido de lo que ha sido su patrimonio durante generaciones.
Además de la denuncia, el día 15 de diciembre de 2021, los ejidatarios enviaron un documento al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, solicitándole su intervención para que los amparos directos 545/2021, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, y 564/2021 radicado en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, de la misma sede, se resuelvan conforme a derecho.
Los denunciantes esperan que el Órgano Interno de Control asuma su responsabilidad jurídica y evite permitir conductas de parte de los magistrados denunciados que van en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 7 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de diversos tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.
Ello, con correspondencia con la función para la cual fueron creados los Tribunales Agrarios de terminar con las etapas de tutelaje, simulación y corrupción que imperaban antes de su existencia en la impartición de justicia agraria pero que parecen continuar hasta la fecha.
