El acceso a la información es un derecho que tenemos las y los mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se ha pronunciado en diversas ocasiones, directa o indirectamente, sobre el derecho a la información, como un derecho fundamental, y una condición necesaria para el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos.
Por ello es suficiente la calidad de ciudadano para solicitar a las autoridades electorales la más amplia información sobre la vida de los partidos políticos y vislumbrar los instrumentos de tutela y sancionadores respecto a los actos que se consideran ilícitos para buscar corregir conductas reprochables para el sistema en un ambiente de Justicia Digital.
Este procedimiento salvaguarda al sistema electoral en su conjunto, pues protege los derechos de los contendientes y tutela la vigencia de los principios y valores que rigen el proceso electoral, al tiempo que sanciona a los responsables.
En el cierre de este 2021 y con miras a un año 2022, no se puede concebir la función jurisdiccional sin apertura, sin participación y cercanía con la gente, lo mismo que sin entendimiento y colaboración entre instituciones. Así lo ha expresado el Magistrado Felipe Fuentes Barrera a nombre del Magistrado Presidente Reyes Rodríguez Mondragón, quien en días recientes planteó la posibilidad de que el TEPJF celebre la firma un convenio con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI).
La finalidad de dicho convenio es de crear un macrositio que contenga un observatorio digital permanente, para publicar las resoluciones de la Sala Superior, de las salas regionales y de los tribunales electorales estatales, a fin de que sirva como un instrumento de acceso a la información, transparencia y diálogo.
Esta decisión del Tribunal Federal Electoral muestra un avance muy significativo en la construcción del derecho a la información y una comprensión muy amplia de su importancia en una sociedad democrática, que contrasta con las primeras interpretaciones de este derecho. Si bien Fuentes Barrera es un promotor de romper el paradigma del acceso a la justicia a través de medios digitales.
Ni el INAI, ni el Tribunal Electoral son torres de marfil, ni son castillos amurallados que no permitan la interacción del ciudadano. La justicia abierta y la transparencia proactiva han generado que ambas instituciones se le atraviesen en el camino positivo al ciudadano, son instrumentos de servicio para el ciudadano.
Finalmente, la justicia abierta no es un fin en sí mismo. La justicia abierta es una forma de empoderar a la ciudadanía para volverla eficiente, el magistrado Fuentes es un firme impulsor de la transformación institucional y cultural en el plano nacional, y mediante sus criterios construye la autonomía constitucional del derecho a la transparencia, el acceso a la información pública, y lo convierte así en uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
