México cerró el 2021 como el país de mayor riesgo para ejercer el periodismo en todo el mundo.
Las cifras de agresiones a los periodistas así lo demuestran; en el 2021 fueron ejecutados ocho comunicadores y otros dos fueron desaparecidos. En el 2020 fueron asesinados 14 comunicadores y en el 2019 otros 13 periodistas también corrieron la misma suerte.
A esas cifras negras se suman otras que hablan de la violencia imparable contra el gremio informativo: del 1 de enero del 2019 al 24 de diciembre del 2021, por lo menos 371 comunicadores recibieron amenazas de muerte y otros 79 periodistas se tuvieron que desplazar de sus lugares de origen a causa de amenazas contra su seguridad personal y familiar.
Esta situación de riesgo ha sido reconocida públicamente por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en la Conferencia Mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 23 de diciembre, reconoció que “el 45 por ciento de las agresiones a periodistas provienen de autoridades municipales”, las que agreden a los periodistas “por intolerancia, corrupción o colusión con el crimen organizado”.
No solo eso. También Alejandro Encinas reconoció el alto índice de impunidad que existe en torno a los delitos de violencia cometidos contra periodistas. De acuerdo a Encinas, de cada 10 delitos cometidos contra periodistas, solo uno es investigado. Los otros nueve delitos se archivan o se quedan en un proceso que nunca termina por llevar a los agresores entre la justicia.
El tema de la inseguridad que vive el gremio periodístico en México, es uno de los más incomodos para la actual administración del gobierno federal, y es que, de acuerdo al marco jurídico vigente, la protección de la vida de los comunicadores corresponde al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Dudas sobre el Mecanismo de Protección
En torno a la operatividad del Mecanismo de Protección se han levantado muchas dudas en los últimos meses. Las dudas no son infundadas. Solo en los últimos dos años han sido asesinados dos periodistas que contaban con medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección y por lo menos otros cinco periodistas fueron asesinados luego que funcionarios del Mecanismo les negaron las medidas de seguridad, que fueron solicitadas por las víctimas ante el inminente riesgo de muerte.
El día 1 de agosto del 2020 fue asesinado Pablo Morrugares Parraguirrre. Él fue ejecutado en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Su asesinato ocurrió pese a contar con medidas de protección del gobierno federal, las que consistían en contar con escoltas asignados por la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la empresa subsidiaria del Mecanismo de Protección, la que vende servicios de seguridad al Mecanismo desde que este organismo nació en el 2012.
Después, el 17 de junio del 2021, fue asesinado el periodista Gustavo Sánchez Cabrera. Él fue ejecutado en el municipio de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Gustavo Sánchez también contaba con el servicio de escoltas asignado por el Mecanismo de Protección, a través de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V.
En ambos asesinatos, de acuerdo a lo que se establece en las investigaciones judiciales de cada uno de los casos, los escoltas –misteriosamente-, no estaban presentes al momento de la agresión, con lo que se facilitó que el atentado cumpliera con su finalidad: arrebatar la vida a los dos comunicadores.
Sobre la inoperancia del Mecanismo de Protección para resguardar la vida de los periodistas en riesgo de muerte, basta señalar cinco caso que han ocurrido en lo que va de este 2021. Cinco periodistas que antes de ser asesinados pidieron ayuda al Mecanismo de Protección, para resguardar sus vidas, pero los encargados de ese organismo, Enrique Irazoque y Jorge Ruiz del Ángel, nunca atendieron la solicitud de ayuda.
Días antes de ser asesinado, el periodista Saúl Tijerina Rentería, de Ciudad Acuña, Coahuila, buscó insistentemente la ayuda del Mecanismo de Protección, porque recibió amenazas de muerte a causa de su trabajo informativo. En el Mecanismo nunca recibieron su llamada de auxilio. Finalmente Tijerina Rentería fue asesinado el 22 de junio de este año.
Igual fue el caso del comunicador Abraham Mendoza, del municipio de Morelia, Michoacán, quien luego de recibir amenazas de muerte solicitó la ayuda del Mecanismo de Protección, pero el organismo fue omiso y ni siquiera hizo el análisis de riesgo correspondiente. El periodista michoacano fue asesinado la tarde del 19 de julio del 2021, cuando salía de un gimnasio al poniente de la ciudad.
A estos casos, con circunstancias similares de peticiones de auxilio desoídas, se suman los asesinatos de Ricardo Domínguez López, quien fue abatido en Guaymas, Sonora, el 22 de julio; Jacinto Romero Flores, ejecutado en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el 19 agosto y Manuel Gonzalez Reyes, acribillado en Cuernavaca, Morelos, el 28 de septiembre también de este 2021.
Una denuncia que causa incomodidad
Bajo ese contexto, la periodista Maria Luisa Estrada, del medio informativo “La Grillotina Política”, denunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Conferencia Mañanera del pasado 23 de diciembre de este año, que en el Mecanismo de Protección no estaba funcionando de manera correcta. Señaló una serie de irregularidades de algunos de funcionarios de esa dependencia que -dijo- rayan en la corrupción.
Concretamente señaló la operatividad de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., la que tiene nexos con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien hoy se encuentra procesado en Estados Unidos, a la espera de un juicio, por los delitos de Tráfico de Drogas y Lavado de Dinero. Esto, luego que la oficina de Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, lo ha acusado de complicidad con los carteles de las drogas de Sinaloa y de los Hermanos Beltrán Leyva.
El señalamiento que hizo el pasado 23 de diciembre la periodista Maria Luisa Estrada –sobre la relación de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. con Genaro García Luna- no es el primero que se hace. Ya en junio de este mismo año, la misma periodista había denunciado esa anómala situación, razón por la que Maria Luisa Estrada fue víctima de amenazas de muerte y de una campaña de desprestigio orquestada por diversos influencer de Youtube a través de redes sociales.
Por haberse atrevido a señalar que RCU Sistemas S.A. de C.V. era una empresa ligada a Genaro García Luna, uno de los principales agresores de periodistas entre el 2000 al 2012, la periodista Maria Luisa Estrada recibió, a través de sus redes sociales, al menos 200 mensajes de odio y algunos de ellos con explicitas amenazas de muerte.
A pesar de esta situación, de riesgo real de muerte, María Luisa Estrada no fue protegida debidamente por el Mecanismo de Protección; con sus propios medios, igual que decenas de periodistas lo hace en México, ella optó por el desplazamiento y la autoprotección. Canceló todo contacto social y se mantuvo en el autoencierro dentro de su domicilio.
Al volver a denunciar públicamente la relación de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. y la cauda de corrupción que hay entorno a los contratos que el Mecanismo de Protección le ha otorgado a esa empresa, en los que se simula proteger a los periodistas en riesgo, María Luisa Estrada ha vuelto a ser blanco de una campaña de desprestigio.
“Tengo miedo por mi vida –dice Maria Luisa, en entrevista con Los Ángeles Times-. Han arreciado los ataques de odio y de desprestigio a mi trabajo de periodista”, y todo es porque ella se ha atrevido a denunciar lo evidente: que el Mecanismo de Protección no está protegiendo a los periodistas, ni a los defensores de derechos humanos, como debe ser su función.
RCU Sistemas, ligada a García Luna
A María Luisa Estrada se le ha acusado de todo. Hasta de fundar su denuncia en chismes. Pero, nada más lejos de la realidad. Los señalamientos de la periodista tienen fundamento: la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. sí está ligada con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aun cuando oficialmente, según el comunicado 338/2021 del propio Mecanismo de Protección se señala que “en la revisión a la documentación legal y administrativa del prestador del servicio de referencia, no se percibe ni se acredita que exista alguna relación o vínculo con el señor Genaro García Luna”.
Sin embargo, de acuerdo al acta constitutiva de la empresa RCU Sistemas S.A de C.V., la que se encuentra dentro de la escritura con número de registro 113841, de fecha 28 de noviembre del 2005, la que fue levantada en la Ciudad de México por el Notario Público número 206, Miguel Ángel Gutiérrez Vargas, los dueños de esta empresa, que inició con una inversión de 50 mil pesos, son Alejandro González Plata, Israel González León, José Luis Matouk Matuk y Raif Shahin Ishac, todos apoderados y propietarios a partes iguales con el 25 por ciento de acciones cada uno.
La administración de la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. es presidida por Alejandro González Plata, como vicepresidente está designado Raif Shahin Ishac, mientras que como vocales están mencionados Israel González León, y José Luis Matouk Matuk. Dentro del organigrama de la empresa también está incluido Mexia Ungson Javier, como comisario.
De acuerdo al citado reporte del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., tiene como objeto social “la compra, venta, arrendamiento, representación, distribución, producción, fabricación, elaboración, adquisición, reparación, importación, exportación, negociación y comercialización en general, ya sea directa o como representante, intermediario de terceros, de todo tipo de aparatos y efectos para y relacionados con los medios de comunicación”.
La empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., a través de José Luis Matouk Matuk y Raif Shahin Ishac, está relacionada con el empresario Niv Moshe Yarimy, un israelita dedicado a la venta de servicios de espionaje para el gobierno mexicano, quien a su vez es representante legal de la firma Sym Servicios Integrales S.A. de C.V., una subsidiaria de la empresa Consultoría GL & Associates Consulting, propiedad de Genaro García.
El empresario Niv Moshe Yarimy también está relacionado, a través de Daniele Milán, con la empresa Hacking Team, la que también suministra al gobierno mexicano equipo de espionaje y que fue una de las principales beneficiarias de contratos directos durante la administración del presidente Felipe Calderón, esto por gestiones directas de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública.
El enlace de la empresa Hacking Team con el gobierno mexicano es Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, un funcionario muy cercano a Genaro García Luna. Fue Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño quien en el 2014 vendió a la entonces Procuraduría General de la Republica (PGR) el programa espía Pegasus, el que se destinó para la intervención de comunicaciones privadas de políticos, activistas sociales, periodistas y funcionarios de gobierno.
No sobra decir que por la compra del malware espía Pegasus la PGR pagó la cantidad de 32 millones de dólares, en una transacción que firmaron Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y hoy prófugo de la justicia, y Luis Armando Pérez Herrero el representante legal de Hacking Team.
De acuerdo a una fuente dentro de la Secretaría de Gobernación, en una triangulación de contratos, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. -que presta servicios de seguridad y protección para el Mecanismo de Protección del gobierno mexicano- ha tenido como subsidiarias o ha representado los intereses económicos de las empresas Sym Servicios Integrales S.A. de C.V., Hacking Team y Consultoría GL & Associates Consulting, esta última propiedad de Genaro García.
Adaptarse al sistema
A fin de poder tener acceso a los contratos que ha venido otorgando el gobierno federal, desde que en el 2012 se creó el Mecanismo de Protección de Periodistas, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. ha modificado en por lo menos dos ocasiones el objeto social (el tipo de servicios que presta).
El 30 de junio del 2011, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. agregó a su objeto social “todo tipo de productos y efectos de comercio que se relacionen con equipos de protección y seguridad, tales como chalecos balísticos, cascos balísticos, equipos y ropa de protección personal en general, todo tipo de vehículos, equipamiento para patrullas, blindados, uniformes, textiles y sus derivados en general, así como todo lo que se relacione con equipos de protección y seguridad, tácticos y civiles y mercancía en general”.
El 11 de febrero del 2016, RCU Sistemas S.A. de C.V. modificó otra vez su objeto social, esa vez agregó a todo lo anterior, la prestación de los servicios de “transferencia de datos vía satélite y en especial con la localización satelital y el rastreo satelital de bienes muebles (GPS)”.
La última modificación que la empresa RCU ha hecho con relación a su objeto social, ocurrió el 6 de marzo del 2018, cuando se agregó a su abanico de servicios los de “venta de raciones de comida en todas sus modalidades, para uso militar, policiaco y planes de emergencia alimentaria”.
Con base en esas modificaciones, la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. que nació con una inversión de 50 mil pesos, desde el 2007 al 2021, en las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que va de la de Andrés Manuel López Obrador, ha logrado del gobierno federal un total de 28 contratos, los que han sido por el orden de los 85 millones 455 mil 873 pesos con 89 centavos.
85 millones de pesos contratos
De todos los contratos obtenidos por esta empresa, 11 de ellos han sido por licitación abierta (en competencia con otras empresas), otros 11 han sido por asignación directa (por decisión gubernamental), dos contratos no están transparentados y cuatro más fueron en licitación cerrada (compitiendo con un número litado de empresas)
Durante la administración de Felipe Calderón, en el 2007 fueron tres contratos los que se le otorgaron a RCU Sistemas S.A. de C.V.; en el 2008, se le asignaron dos contratos más; en el 2010, se le benefició a la empresa con otros tres contratos, mientras en el 2011 se le otorgaron otros cuatro contratos.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, tampoco le fue mal a RCU Sistemas; en ese periodo, en el 2013, fueron tres contratos los asignados, para la prestación de diversos servicios; en el 2014 se le benefició con dos contratos más, mientras que en los años 2017 y 2018 se le entregaron a esta empresa un contrato directo por año. La mayoría relacionados con el cuidado de periodistas en riesgo de muerte.
En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la empresa RCU, evidentemente ligada a Genaro García Luna, ha seguido ganando contratos: en el 2019 se le entregaron 4 contratos, en el 2020 fueron dos, y en lo que va del 2021 ya le han dado otros tres contratos millonarios.
Los contratos asignados a RCU Sistemas S.A. de C.V. no solo tienen que ver con la protección de periodistas en riesgo. Son diversas dependencias oficiales las que siguen comprando sus servicios, lo que evidencia que esta es una de las empresas consentidas del sistema: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), le ha otorgado cuatro contratos; la Secretaría de Marina (SEMAR), le ha dado cinco; la Secretaría de Gobernación, uno, y la Secretaría de Hacienda (SHCP), dos.
Otras dependencias que han comprado servicios a la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V., son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la que le ha otorgado un contrato; Telecomunicaciones de México (Telecom) le ha asignado 15 contratos, en tanto que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) le otorgado un contrato.
Con información de Los Angeles Times
