Con la reciente reinstauración del Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como programa “Quédate en México”, con el que migrantes que llegan a la frontera México-Estados Unidos a solicitar asilo son obligados a llevar a cabo su proceso permaneciendo en México, la relación bilateral entre ambos países abre un nuevo capítulo de lo que se ha convertido una larga espera de una muy necesaria reforma migratoria estadounidense y mexicana.
Mientras tanto, esta semana el Canciller Marcelo Ebrard informó que un nuevo contingente de ciudadanos afganos llegó a territorio nacional asilados tras la crisis política, económica y social que atraviesa aquel país. Por otra parte, en la frontera sur chiapaneca un nuevo grupo de migrantes, particularmente haitianos, fue interceptado y reprimido por efectivos de la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración, quienes fueron documentados y posteriormente suspendidos tras la agresión.
A todo esto el presidente Andrés Manuel López Obrador, instó al gobierno estadounidense a contener la situación asignando becas y permisos de trabajo temporales a migrantes, en tanto que insistió en que es necesario impulsar un plan de desarrollo regional que evite éxodos masivos.
Tras el penoso incidente ocurrido en Chiapas, la crisis migratoria en las fronteras norte y sur de México, donde miles esperan las resoluciones de sus casos de asilo, así como el trato preferencial exprés que recibieron Evo Morales, expresidente de Bolivia y los ciudadanos afganos, es necesario acusar que la política migratoria nacional sigue basándose en beneficios políticos y no en el genuino derecho de las personas a buscar mejores condiciones de vida y va en detrimento de los preceptos de derechos humanos vigentes en la comunidad internacional.
No hay glamour, flashes ni reconocimiento cuando se trata de centroamericanos, caribeños o africanos los que viven una emergencia humanitaria. Mientras que los afganos son recibidos en el aeropuerto por el mismo Secretario de Relaciones Exteriores, miles de centroamericanos esperan entre siete meses y un año una respuesta del gobierno mexicano a su solicitud de asilo.
Hablamos de una población altamente vulnerable que va desde el tráfico humano, crimen organizado y tristemente a una revictimización por parte de las autoridades mexicanas, cuyos servicios fronterizos, particularmente en el sur, están colapsados, sin presupuesto y sin personal para atender las urgencias actuales.
Entre la resolución de la Suprema Corte estadounidense de reinstaurar “Quédate en México”, la política Título 42 con la que ese gobierno justifica la expulsión de alrededor de un millón de extranjeros bajo argumentos sanitarios, aunado a nuestro sistema migratorio incapaz y sin prospectivas realizables, la violencia, impunidad y abuso se vuelven una cruel realidad para miles.
Históricamente la relación diplomática entre México y Estados Unidos ha sido desventajosa y hoy nos muestra uno de sus capítulos más crueles. La contención violenta de autoridades en nuestras fronteras centroamericanas a cambio de vacunas contra COVID-19, la separación de centenares de niños migrantes de sus familias en centros de detención en Estados Unidos, son sólo unos ejemplos de la insensibilidad, desinterés e incompetencia de quienes por principio elemental debieran velar por la seguridad e intereses de la población.
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