El fin de semana pasado se llevó a cabo la tan anticipada consulta popular con la que la actual administración buscó llevar a juicio a los “actores políticos del pasado”. Como se anticipaba, el ejercicio democrático contó con una participación del 7% del padrón electoral, por lo que los resultados de esta encuesta no consiguieron ser vinculantes al necesitarse el 40% de los inscritos en la lista nominal nacional.
Al respecto, se han hecho escuchar diversas reacciones referentes a la encuesta, no obstante, destaca la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quién dijo sentirse contento con el “resultado trascendental” de quienes salieron a las urnas. De igual forma, no descartó el inicio de procesos jurídicos y aseveró que la autoridad tiene el derecho de actuar en caso de existir las pruebas para ello.
En ese sentido vale la pena destacar, de acuerdo con sus palabras, que la ejecución de la ley es un “derecho de la autoridad” como si fuera algo que se puede decidir hacer a voluntad, no como una obligación como lo mandata la Constitución. Este ejercicio democrático que tanto defendió el movimiento de la 4T y la presidencia de México se percibió como algo anecdótico ya que no contó con la participación ciudadana para iniciar dichos procesos legales en contra de estos “actores del pasado”, sin embargo esto no es así.
Más allá de que se ponga a votación si la ley se aplica o se consulta, queda la conversación sobre la interpretación y el nivel al que se está llevando la vida política del país. La aplicación de esta consulta surge a partir de una promesa de campaña que propició el enojo en contra de los criminales políticos del pasado, sin embargo, el hoy presidente nunca tuvo la intención ni el conocimiento legal para promover una encuesta apropiada. No fue hasta que la Suprema Corte de Justicia, bajo una presión mediática, le “corrigió la plana” con una pregunta vaga, poco clara, para así salvar la constitucionalidad del ejercicio y así poderle dar al presidente la oportunidad de llevar a cabo su consulta.
El ejercicio democrático se desvirtuó y terminó siendo subjetivo, confuso para la gente al grado en el que ni siquiera el propio presidente tuvo el interés de acudir a las casillas a participar en un proceso para el que tanto insistió. No sólo él lo percibió así, el electorado tampoco sintió la obligación democrática de acudir a externar su opinión al respecto, en buena parte por lo viciado que se tornó el asunto.
Si bien no se contó con la participación de una mayoría, sí generó un precedente reciente de vinculación entre la democracia representativa nutrida con participación de la sociedad civil, por lo que es imperante que se establezcan mecanismos claros, bien estructurados y planeados que propicien mejores ejercicios participativos sin intervencionismos políticos de ocasión.
Ahora bien, es importante señalar que el trasfondo de esta encuesta no debería tener como objetivo único el de señalar o encarcelar a los culpables de delitos políticos de administraciones anteriores, sino el de la reivindicación social y el esclarecimiento de acontecimientos omitidos por la justicia en el pasado, lo que me parece muy loable, pero ahora es necesario encontrar los mecanismos para verdaderamente trascender la consulta a través del esfuerzo de la sociedad civil organizada, conscientes de que vivimos en un país en el que todos somos potenciales víctimas de la injusticia y el delito.
