La reciente reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, promovida por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), es una muestra más del desprecio por la inversión privada, el desarrollo tecnológico e industrial, la soberanía en salud, a la generación de empleos especializados bien remunerados, los pacientes del sector salud, y por supuesto, a la Constitución y al Estado de Derecho.
Con la reforma se permite al Ejecutivo Federal hacer compras mediante la intermediación de organismos intergubernamentales internacionales, eludiendo el mandato constitucional de privilegiar la licitación pública a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones, excluyendo la aplicación de la propia Ley de Adquisiciones y sometiéndose a las reglas de los organismos; esto impedirá la fiscalización, transparencia y publicidad sobre los recursos utilizados para esas compras.
Esta reforma pone en riesgo cientos de miles de empleos no solo de la industria farmacéutica, sino también de la industria de dispositivos médicos, la cual está conformada por empresas de todos tamaños, incluyendo MIPYMES afiliadas a CANACINTRA y que, hasta hace unos meses, era considerada como una industria estratégica con gran potencial de expansión y crecimiento, basada en su alto grado de especialización, cumplimiento normativo y capacidad exportadora. Hoy todas ellas corren el riesgo de desaparecer.
En CANACINTRA condenamos cualquier acto de corrupción y exigimos que se investiguen y sancionen con el mayor rigor. Estamos conscientes que existe un problema grave de desabasto de medicamentos e insumos para la salud, pero negamos categóricamente que los culpables sean los industriales; el desabasto obedece a una inadecuada planeación, estrategia y ejecución de las compras, producto de un diagnóstico precipitado, erróneo y por un desconocimiento profundo de las cadenas de producción del sector médico.
Anticipamos con gran preocupación que los problemas de desabasto van a incrementar con esta reforma y la decisión de orientar las compras de medicamentos e insumos para la salud a través de esta vía que no garantiza ni la oportunidad en la disposición de los insumos y mucho menos la calidad, seguridad y eficacia de los bienes que se adquieran poniendo en un enorme riesgo a los pacientes mexicanos.
Es importante señalar que la reforma no obedece a atender la problemática extraordinaria en salud provocadas por la emergencia sanitaria, aún y cuando para su aprobación se señalo así de manera tendenciosa y manipuladora.
Desde 2019, el Gobierno Federal por conducto de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene el control absoluto de la compra de medicamentos e insumos para la salud, celebrando licitaciones internacionales abiertas, en las que podían participar proveedores de cualquier parte del mundo, las cuales fracasaron en asignar los contratos debido a la pésima planeación y al atraso en los pagos a proveedores que se siguen acumulando, fomentando con ello una histórica alza en las adjudicaciones directas las cuales llegan al 90% en este tipo de bienes.
La modificación a la Ley permitirá hacer compras en el extranjero de manera discrecional, sin garantizar que se consigan las mejores condiciones para el estado, sin reglas, procedimientos, bases, lineamientos, sin piso parejo para la industria nacional para poder competir.
Los industriales de la transformación, exigimos al Gobierno Federal, políticas públicas que estén orientadas a la generación de empleos, al desarrollo económico, a aprovechar las compras de gobierno para ser un motor de desarrollo para las MIPYMES.
