Mientras el mundo toma medidas radicales de prevención contra la masiva expansión del coronavirus, en México carecemos de una estrategia eficaz y efectiva de salud pública. Este sector se identifica por el desabasto de medicamentos, subejercicios presupuestales e improvisación en la toma de decisiones. Se ha marginado, en los hechos, al Consejo de Salubridad General que constitucionalmente representa un órgano colegiado que tiene carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, cuyas facultades son: “aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional”. El gobierno se empeña en minimizar una realidad que impera en la salud pública, agudizada por la crisis económica, la volatilidad del tipo cambio y la caída de los precios del petróleo.
Los científicos no se ocupan de política. Su atención se coloca alternativamente sobre los enfermos y el microscopio. Los técnicos informan, sugieren y aconsejan pero no mantienen vínculos políticos con la ciudadanía. Es el Estado —y quienes coyunturalmente lo representan— el responsable de adoptar las mejores medidas para preservar la salud pública como un bien vital. Corresponde a los gobernantes adecuar las estrategias al cambiante contexto político y social, porque ellos son los únicos responsables frente a los ciudadanos. Otras latitudes enseñan que el coronavirus se difunde rápidamente entre la población, que no existe una cura científicamente comprobada y que aparece de forma asintomática en algunos pacientes.
Los países más afectados adoptan políticas diferenciadas: en China la estrategia se lleva a cabo en un régimen autoritario donde el individuo no vale nada respecto al poder, allí los gobernantes mostraron sus capacidades para establecer una máquina tecnológica, logística y organizativa de gran alcance a través del aislamiento físico de ciudades con millones de habitantes, del uso de drones para controlar severamente a la población, así como para militarizar el territorio imponiendo a los habitantes medidas de emergencia obligatorias que incluyeron la pena de muerte. En Corea de Sur se usan tecnologías de vanguardia, monitoreando los desplazamientos de las personas a través de los teléfonos inteligentes y aplicando alrededor de 10 mil pruebas de detección diariamente para bloquear a los sujetos que resultan positivos al contagio del COVID-19. La estrategia italiana consiste, a través de sucesivos Decretos del Presidente del Consejo de Ministros, en cerrar oficinas, escuelas y lugares públicos estableciendo sanciones —incluso penales— a quienes abandonan su casa sin necesidad, permitiéndose sólo en determinados casos por exigencias comprobadas de trabajo, abastecimiento y motivos de salud. Irán, España, Francia y los Estados Unidos también han implementado políticas restrictivas.
México, en el mejor de los casos, se encuentra en grave retraso respecto a las acciones tomadas por otros países: al virus de la incompetencia, se suma que las pruebas no están disponibles en cantidad suficiente y que el número de casos está fuertemente subestimado, lo que impide entender las dimensiones reales del problema. Abdicando de su responsabilidad política y social AMLO se dedica a repartir besos y abrazos ignorando una problemática que potencialmente afectará la vida de millones de personas, justo cuando se incrementan geométricamente los casos de infección en todo el país. Por lo pronto, el peor resultado de la pandemia en términos sociales ha sido el resurgimiento del egoísmo individualista, como se puede observar en las compras de pánico de artículos de primera necesidad.
