El tráfico ilegal de vida silvestre se constituye como una infracción o delito en la legislación ambiental de México, e involucra la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura, caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Comprende ejemplares vivos, así como productos y subproductos derivados de éstos, considerando productos a las partes no transformadas y subproductos a aquellas que han sufrido algún proceso de transformación.
Definir la extensión precisa del tráfico ilegal de vida silvestre resulta imposible por su naturaleza ilícita, sin embargo se sabe que es un negocio de amplias dimensiones que involucra grandes cantidades de dinero. Se estima que se encuentra en el cuarto lugar de importancia como comercio ilegal, después del tráfico de drogas, el tráfico de personas y los productos falsificados. Asimismo, ocupa el segundo lugar mundial como amenaza para la vida silvestre, después de la destrucción y fragmentación de hábitats naturales.
Entre las especies de fauna silvestre de mayor tráfico en México destacan: el perico cabeza amarilla (Amazona oratrix), la guacamaya roja (Ara macao), la guacamaya verde (Ara militaris), el tucán pecho amarillo (Ramphastos sulfuratus), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador (Aulluata palliata), la tarántula rodillas rojas (Brachypelma smithi), la iguana negra (Ctenosaura pectinata), la iguana verde (Iguana iguana), las víboras de cascabel (Crotalus sp.) y el halcón de Harris (Parabuteo unicinctus). Y en el caso de la flora silvestre, especies de cactáceas del género Mammilaria, especies de palmas del género Chamaedora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas.
En columnas anteriores se ha mencionado que el principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda de mercado, promovida por grupos de consumidores impulsados por diferentes valores sociales y culturales. El motor fundamental de esta demanda es el estatus social asociado con los productos objeto de tráfico, como el poseer mascotas exóticas, trofeos de caza, animales y plantas raras, seguido del valor medicinal que se atribuye a muchos productos derivados de vida silvestre, efectividad medicinal que carece de sustento científico.
La demanda de partes y derivados de flora y fauna silvestre para utilizarse con fines de medicina tradicional o para consumo alimenticio no proviene exclusivamente del territorio nacional, sino también de mercados internacionales. Ejemplo de ello es la demanda de los mercados asiáticos por muchos de estos productos, varios de los cuales provienen de nuestro país. Tal es el caso de la vejiga de totoaba (Totoaba macdonaldi), especie de pez endémica del Golfo de California, la cual alcanza altos precios en los mercados asiáticos debido a su valor medicinal y culinario. La sobreexplotación y creciente demanda de la vejiga de totoaba han provocado que la especie esté listada bajo la categoría de Peligro de Extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés).
Igualmente los psitácidos en México son uno de los grupos más afectados por el tráfico ilegal, desgraciadamente el 77% de los pericos capturados muere durante la captura, acopio, transporte, distribución y venta antes de llegar al consumidor, y se estima que entre 50 y 60 mil pericos mueren anualmente por esta actividad ilícita. Ello se asocia a las nocivas condiciones de captura, acopio, transporte y distribución a los que se ven sometidos. Este porcentaje tan alto de mortalidad tiene implicaciones para las 22 especies de psitácidos mexicanos, de las cuales 11 ya se encuentran en peligro de extinción como resultado de la constante presión a la que están sujetas por su alta demanda. La disminución de la demanda de estas especies es la principal solución a la problemática del tráfico ilegal de psitácidos en México.
Otra especie que sufre gravemente los efectos del tráfico ilegal es el jaguar (Panthera onca). Históricamente se distribuía desde el sur de Estados Unidos hasta el centro de Argentina, sin embargo sus poblaciones han disminuido de manera considerable. En México existe una veda indefinida para su aprovechamiento desde 1986, además de encontrarse listada como en Peligro de Extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La principal amenaza a la que está sujeto, además de la destrucción y fragmentación de su hábitat, es el aprovechamiento ilegal para el uso de su piel, lo que representa la primera causa de mortalidad de la especie en nuestro país. La cacería furtiva es un problema severo para el mantenimiento de poblaciones de jaguar a largo plazo debido a la fuerte presión que ello le representa. El jaguar ya se encuentra declarado extinto en Uruguay y en El Salvador. Su caza furtiva en nuestro país nos pone en riesgo de estar en la misma situación en poco tiempo.
El jaguar es considerado como una especie paraguas, ya que su conservación requiere de la protección de grandes extensiones de hábitat, lo cual, incidentalmente, beneficia a muchas otras especies con requerimientos espaciales menores. Sólo poniéndole un alto a la industria ilegal de pieles animales, que tiene su base en el tráfico ilegal, será posible darle otra oportunidad a esta majestuosa especie, lo que tendrá ventajas en la conservación de otras especies en riesgo.
Aunado a las consecuencias ambientales del tráfico ilegal de vida silvestre, existen también fuertes repercusiones sociales, las que comúnmente son pasadas por alto a pesar de las profundas implicaciones para la sociedad, como lo es: el empobrecimiento en cuanto al desarrollo social y económico, así como el debilitamiento del poder gubernamental y de la no aplicación de la ley. Lo anterior se traduce en crecientes niveles de corrupción, en una fuerte descomposición social, reflejada en la desarticulación de valores como la solidaridad, el respeto y la dignidad a las personas, a la autoridad, al marco normativo del Estado de Derecho y a las instituciones.
Un ejemplo de ello es la comunidad de Charco Cercado, San Luis Potosí, ya que por más de 50 años se identificó como uno de los principales lugares de extracción y comercio ilegal de vida silvestre. Ahí se comercializaban ejemplares vivos y muertos de víboras de cascabel –más de 120 mil ejemplares al año-, aves rapaces, canoras y de ornato, linces, venados, piles de zorro, coyote, canales de zorrillo, así como cactáceas, sotoles y palmas.
La defaunación y, por tanto, el comercio y tráfico ilegal de vida silvestre, amenazan fuertemente a la biodiversidad nacional. Reconocer sus repercusiones ambientales, sociales y económicas es el primer paso en la lucha contra su erradicación, ya que su naturaleza exige un enfoque sistémico e integral.
El éxito en el combate de esta actividad ilícita no sólo dependerá de la toma de conciencia y del reconocimiento de los factores actuantes. La gran escala que ha alcanzado en los últimos años exige esfuerzos de cooperación y colaboración, nacional e internacional, entre los distintos órganos de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y necesariamente la sociedad civil.
Es crucial comprender y valorizar el alcance de las acciones que se pueden llevar a cabo, siendo trascendental la disminución de la demanda de ejemplares, productos y subproductos de vida silvestre, ya que es el motor que empuja la oferta y motivar a la denuncia ciudadana, ya que juega un papel fundamental en el combate.
Como mexicanos tenemos el privilegio de poseer una inmensa riqueza natural, pero también la responsabilidad de conservarla. El éxito de una estrategia nacional de combate al tráfico de vida silvestre dependerá en gran medida de esfuerzos y acciones conjuntas, sociedad y gobierno.
Antero Carmona
*El autor es Médico Veterinario por la UAEMex. Ambientalista, incansable difusor de la protección, conservación y desarrollo sustentable de los recursos naturales, y promotor del trato digno y bienestar animal.
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