El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, solicitó que la discusión del dictamen en materia de subcontratación, también conocida como outsourcing, se posponga para ser analizado en Parlamento Abierto.
“Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objetivo de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, indica un documento firmado por Monreal y dirigido a Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva.
Con ello, Monreal refiere que las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social en la materia requieren la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores que estén involucrados antes de ser tratados en el Senado, por lo que propone el formato de Parlamento Abierto.
La finalidad del dictamen es el de diferenciar el outsourcing ilegal de aquellos servicios lícitos que la ley permite, lograr la tutela efectiva de los derechos laborales de los trabajadores y evitar que los empleadores utilicen medios de simulación de contratos distintos al laboral o la denominación diferente para luego negar la existencia de una relación laboral y sustraerse de la obligaciones legales.
Asimismo, se busca dar respuesta a los vacíos jurídicos que genera la indefinición del outsourcing ilegal provocando traición a las leyes laborales, de seguridad social y de carácter fiscal, lo que genera afectaciones económicas y de carácter social.
Por otra parte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó que la reforma es inconstitucional y preocupante, pues esta tendría consecuencias gravísimas para la economía del país, además de que, señaló, pone en riesgo la inversión nacional y extranjera.
Por medio de un comunicado el CCE . señaló que, “Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísimas para la economía de México y de todos los mexicanos, ya que genera un alto grado de incertidumbre, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera, busca criminalizar las relaciones laborales y es a todas luces inconstitucional”.
Por esto, la máxima cúpula empresarial hizo un llamado a que, antes de aprobarla, haya un diálogo profundo con un esquema de Parlamento Abierto o las modalidades que el Congreso decida, para permitir tener una evaluación real de las consecuencias de la reforma propuesta.
Con información de El Financiero
