La Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y Soberano de México incluirá el sentir de los colectivos de familiares de víctimas de estos delitos, garantizó la diputada Karina Labastida Sotelo (morena), al continuar el análisis del articulado de ese ordenamiento con representantes de esas agrupaciones, dependencias gubernamentales y organizaciones internacionales.
La presidenta de la Comisión Legislativa Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la 60 Legislatura estuvo acompañada por la diputada Brenda Escamilla Sámano (PAN), integrante también de este órgano legislativo, quien explicó que la mesa de trabajo es un ejercicio de la Legislatura para que la voz de los involucrados sea escuchada e incluida en la ley.
La iniciativa fue presentada por Karina Labastida ante el Pleno el pasado 21 de marzo, y ha sido nutrida en mesas de trabajo realizadas el pasado 14 de mayo y el 15 de noviembre.
En la sesión los participantes hicieron observaciones a diversos artículos del Título Tercero, ‘Del Mecanismo Estatal’, y solicitaron que cuando la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas emita una alerta en donde se vea involucrado un municipio o el estado, deberá vigilar que las autoridades obligadas cumplan las medidas extraordinarias que se establezcan.
Acordaron incluir como función del Consejo Estatal Ciudadano —órgano de consulta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, que formará parte del Mecanismo de Coordinación en Materia de Investigación y Búsqueda de Personas—, el proponer acciones para mejorar el funcionamiento de los programas, registros, bancos y herramientas materia de esta ley y de la Ley General.
Precisaron que este Consejo conformará un Comité para la Evaluación y Seguimiento de las acciones emprendidas por la Comisión de Búsqueda, el cual, entre otras atribuciones, tendrá la de conocer y emitir recomendaciones sobre los criterios de idoneidad de convenios, lineamientos, programas, protocolos y reglamentos emitidos por la Comisión y por el Mecanismo estatales. El Consejo Estatal Ciudadano dará seguimiento y evaluará el cumplimiento de las recomendaciones que éstos formulen.
Asimismo, avalaron trabajar en una regionalización de la entidad basada en los índices de desaparición que elaborará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
Respecto a las atribuciones de los Grupos de Búsqueda, una de ellas será solicitar a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que pueda llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona, así como al esclarecimiento de los hechos, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Otra atribución será la de garantizar, en el ámbito de sus competencias, la preservación de la evidencia, el lugar de los hechos, del hallazgo, así como de aquellos en los que se encuentren o tengan razones fundadas para presumir que hay cadáveres o restos de personas desaparecidas.
Apuntaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado contará con una Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados con la Desaparición de Personas, la cual deberá coordinarse con la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República y las de otras entidades federativas, a efecto de dar impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas.
Participaron en la mesa de trabajo representantes de los colectivos Red Eslabón por los Derechos Humanos, Buscándote con Amor, Alondras Unidas y Uniendo Esperanzas, así como de la Red de Madres Buscando a sus Hijos y de la Fundación Unidos por una Mejor Vida y del Comité Internacional de la Cruz Roja.
También asistieron representantes de las secretarías de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Fiscalía General de Justicia, del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todas del Estado de México, así como asesores de diputados y secretarios técnicos de diversas comisiones legislativas.
