- Fue la conclusión durante la Mesa de trabajo “Vulnerabilidad Humana: el Desafío de los Derechos Humanos”, dentro del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos: Vulnerabilidad humana y crisis institucional.
Toluca, Estado de México.- Erradicar a la pobreza; poner a la persona, su dignidad y derechos como centro de la acción pública; evitar la discriminación; garantizar los derechos de los adultos mayores; y fomentar la participación activa de los jóvenes y la sociedad, son elementos básicos para hacer una realidad los derechos humanos, se comentó durante la Mesa de trabajo “Vulnerabilidad Humana: el Desafío de los Derechos Humanos”, dentro del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos: Vulnerabilidad humana y crisis institucional, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Luis Gerardo Samaniego Santamaría, académico de la Universidad de Quintana Roo, aseguró que la pobreza no es solamente una cuestión económica, también se trata de un asunto de derechos humanos, ya que ese flagelo limita el ejercicio pleno de las prerrogativas de las personas, lo que genera enormes desigualdades que desarrollan graves violaciones a esas garantías; y aseguró que el derecho a la igualdad no se ha traducido en la parte material, pues la desigualdad económica dio origen a los derechos económicos, sociales y culturales, que pretenden acortar las brechas de inequidad en la humanidad, que a su vez generan la vulnerabilidad, principalmente en sectores rezagados, que no tienen voz en la sociedad.
Samaniego Santamaría mencionó que la meta principal de los países de América Latina es abatir la pobreza, ya que es la base del desarrollo sostenible, “es imposible lograr un futuro justo y equitativo sin lograr este objetivo”. En el caso de México, de cada cinco personas, cuatro están en pobreza, por ello al hablar de derechos humanos se requiere abatirla, “no basta con que los gobiernos no vulneren derechos humanos, sino también deben desplegar políticas publicas activas que permitan el desarrollo de las sociedades para abatir la pobreza y así hablar de dignidad humana”, reiteró.
Por su parte, Manlio Fabio Casarín León, representante de la Universidad Veracruzana, en su ponencia titulada, Estado Constitucional y Democrático, Derechos Humanos y Bienestar, detalló que el concepto de bienestar y desarrollo económico y social de la actual administración federal generó tensiones con los valores y principios del Estado democrático, aspectos que van desde el respeto a la legalidad, la tutela de los derechos humanos, incluyendo el principio de confianza legítima y equilibrio de los poderes.
Por ello, dijo, las nuevas claves del Estado de bienestar se deben promover y materializar siguiendo los principios del Estado constitucional y democrático de derecho, poner en el centro de la acción pública a la persona, a su dignidad y a sus derechos. No sólo se trata de contar con servicios públicos de calidad, políticas públicas sostenidas, incluyentes y no regresiva, sino deben contar con la participación de la sociedad y sobre todo en el marco del derecho fundamental a la buena administración.
Marina del Pilar Olmeda García, de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, centró su participación en el tema de la discriminación y cómo evitarla para lograr una convivencia pacífica y armónica, donde la tolerancia permee en las relaciones humanas.
Explicó que si bien los derechos de igualdad y no discriminación son conceptos vinculados, son diferentes, y cualquier infracción a éstos se considera como práctica discriminatoria; reconoció que se manifiesta en la mayoría de las interacciones sociales, por ello el Estado debe desplegar una política pública consistente y eficaz que permita revertir esa problemática. Erradicar las prácticas discriminatorias es una responsabilidad conjunta que exige la voluntad de todos los sectores de la sociedad, indicó, por tanto, debe ser prevenidas mediante la promoción de valores como el derecho a la igualdad y la justicia, equidad, seguridad y respeto.
Karla Elizabeth Mariscal Ureta, de la Universidad Autónoma de Querétaro, abordó el tema de los adultos mayores, al comentar que los derechos humanos deben responder a los principios de no distinción entre edad y sexo, ya que actualmente en el país no se garantizan los esquemas de dignidad y derechos humanos de ese sector de la población.
Gumesindo García Morelos, profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dijo que se deben hacer a un lado las excesivas formalidades de los derechos humanos y poner en movimiento los derechos sociales, y se refirió al proyecto universitario denominado “Clínicas de Litigio Estratégico y la defensa de grupos vulnerables, Educación para la formación de abogados para la justicia social”, cuyo objetivo es resolver problemáticas relacionadas con el disfrute de los derechos de la población, de una manera práctica.
“Para exigir los derechos humanos no tiene que estar una ley, si no hay una política pública, legislación, el derecho es directamente exigible”, explicó que los estudiantes michoacanos apoyan a la población que los exige, y toman litigios de grupos vulnerables de manera gratuita, además de ofrecer asistencia jurídica para llevar casos al Poder Judicial de la Federación y así, hacer una realidad los derechos humanos.
