La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre la gravedad de la violencia feminicida en México que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se refleja en 726 feminicidios y 2,107 homicidios dolosos de mujeres, para un total de 2,833 casos que han ocurrido en nuestro país de enero a septiembre del presente año, lo que en promedio equivale a 10.5 asesinatos de mujeres cada día.
Ante ello, este Organismo Constitucional Autónomo subraya que la gravedad de ese flagelo no se mide solo por el número de feminicidios o asesinatos de mujeres, adolescentes y niñas, ya que representa un conjunto de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres al implicar desapariciones, torturas, agresiones sexuales, prácticas que atentan contra su dignidad, integridad, libertad y vida; se trata de una combinación de los diferentes tipos de violencia que puede concluir en homicidio por razones de género, y tiene estrecha relación con la violencia institucional, ya que en ese delito se concentran las acciones que el Estado realiza o deja de realizar y que producen impunidad y falta de acceso a la justicia.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien reveló que, con base en datos del citado Secretariado, de enero de 2015 a septiembre de 2019 se han registrado 3,366 presuntos delitos de feminicidio frente a 11,344 homicidios dolosos de mujeres, para un total de 14,710 asesinatos de mujeres de los cuales solo el 23% se clasificó como feminicidio y 77% como homicidios dolosos, lo que da cuenta de los problemas que se derivan de la acreditación del feminicidio como un tipo penal autónomo y muestra las carencias en los órganos de procuración de justicia para el registro administrativo de los asesinatos de mujeres por razones de género.
Al presentar la Recomendación General 40/2019 “Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, en el marco de una intensa gira de trabajo en esta ciudad del norte del país que también comprendió el acto conmemorativo “A 10 años de la Sentencia Campo Algodonero. Avances y Asignaturas Pendientes” y la Clausura de Cursos de la Escuela Itinerante de Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres Indígenas, expuso que el porcentaje tan bajo de carpetas de investigación abiertas por feminicidio podría significar una resistencia de las instancias de procuración de justicia para investigar todas las muertes violentas de mujeres como feminicidios, como lo establecen estándares internacionales, y enfatizó que el aumento importante en el número de asesinatos de mujeres y la agudización de la violencia feminicida constituyen graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el país y denotan un déficit en su acceso a la justicia y al derecho a una vida libre de violencia.
Acompañado por la Cuarta Visitadora General, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, familiares de víctimas de feminicidios, Ombudsperson de distintas entidades federativas, legisladoras y legisladores federales y representantes de organizaciones civiles, González Pérez refirió que actualmente existen 20 Alertas de Género declaradas en 18 entidades y 4 solicitudes de Declaratoria de Alerta de Género en proceso, para contar con 24 procedimientos activos en 21 estados y sumar en total 34 procedimientos en 28 entidades, explicó que en casos de Puebla, Sonora, Querétaro, Tabasco, Yucatán, Zacatecas, Jalisco y Coahuila la CNDH presentó votos razonados a los Dictámenes de Evaluación en que argumentó la necesidad de dicha Declaratoria ante el contexto de violencia en esos lugares y la falta de implementación de acciones de protección y defensa.
Al hacer entrega de la Recomendación General 40 a Wendy Briseño Zuloaga, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados; Hugo Rafael Ruiz Lustre, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión y Lorena Villavicencio, integrante de dicha Comisión, señaló que las Alertas de Género son instrumentos para insistir en el reconocimiento de un contexto de violencia feminicida en territorios determinados que acelera el posicionamiento de la violencia contra las mujeres como tema prioritario en las agendas estatales y subrayó que no pueden constituirse como la única estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres, ya que se requieren la implementación integral de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y estrategias de combate a la impunidad y el silencio ante los feminicidios.
La Recomendación General 40/2019 –presentada en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en esta ciudad—, está dirigida a la Secretaria de Gobernación, a la Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, las y los Integrantes del Congreso de la Unión, a las y los titulares de las Secretarías de Salud federal y en las entidades federativas, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal y homólogas en las entidades federativas; las y los integrantes de los Poderes Legislativos de los estados, y a las y los Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas y al Fiscal General de la República, y en ella señala que, a la fecha, no existe un mecanismo que registre de manera homogénea el número de feminicidios en México.
Por todo ello, la CNDH recomienda a la Secretaría de Gobernación elaborar un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tomando en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, las recomendaciones dirigidas a México por el Comité CEDAW y el MESECVI, para establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los Poderes Judicial y Legislativo federales, así como con entidades federativas y los municipios; dicho Programa deberá contar con metodología de evaluación, metas a corto y largo plazos e indicadores de cumplimiento, llevar a cabo campañas constantes de difusión de la LGAMVLV.
Al Congreso de la Unión le pide reformar la LGAMVLV para incluir coordinación interinstitucional, presupuestos públicos, fortalecimiento de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), así como seguimiento y fiscalización para la efectiva implementación del presupuesto asignado a través del Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); armonizar la LGAMVLV, la Ley General de Atención a Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Sistema Penal Acusatorio sobre las facultades del Ministerio Público y el Poder Judicial para el otorgamiento, duración y monitoreo de las órdenes de protección a las mujeres víctimas de violencia, ajustándolos a estándares internacionales.
A la y los Ejecutivos estatales y Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, profesionalizar un servicio civil de carrera especializado en género y violencia de género y mejorar las condiciones laborales del personal especializado encargado en su prevención, atención e investigación; a los Poderes Legislativos de las entidades federativas, asignar recursos a las dependencias encargadas de la prevención, atención e investigación de la violencia contra las mujeres, para no depender únicamente de recursos federales; a la Fiscalía General de la República y las Fiscalías y Procuradurías estatales, que a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia cuenten con un protocolo de investigación criminal homologado del delito de feminicidio.
En el acto, la señora Norma Ledezma indicó que los familiares de las víctimas de feminicidio y las organizaciones de la sociedad civil darán seguimiento al cumplimiento de la Recomendación por las autoridades destinatarias de la misma, sobre todo porque se trata de una deuda vitalicia del Estado mexicano con todas y cada una de las niñas, adolescentes y mujeres que perdieron la vida por actos de violencia.
Previamente, en el acto conmemorativo por los 10 años de la Sentencia Campo Algodonero, el Presidente de la CNDH estableció que la fusión entre la violencia feminicida y su aceptación por la sociedad configuran un panorama crítico para que las mujeres puedan vivir libres de violencia, y reveló que dicha Sentencia mostró las fallas del Estado mexicano frente a la violencia feminicida, para precisar que si bien las 32 entidades federativas ya cuentan con el tipo penal de feminicidio, se precisa hacer de la ley en la materia una práctica, apropiarnos de ella y, sobre todo, reconocer la condición de violencia contra las mujeres en el país.
En presencia de familiares de víctimas de feminicidio; del Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado; legisladores federales y locales, representantes del Poder Judicial de la entidad; organizaciones de la sociedad civil y Titulares de Organismos Públicos de Derechos Humanos, recordó que en esa Sentencia se declaró a México responsable de violar el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda Herrera Monreal, y además se consideró que el Estado incumplió su deber de investigar, brindar adecuado acceso a la justicia y protección judicial a las víctimas indirectas de feminicidio.
En su oportunidad, las señoras Benita Monárrez y Norma Laguna, madres de dos víctimas de feminicidio, hicieron un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tratar con respeto y dignidad a los familiares que demandan justicia y el esclarecimiento de los casos y ser empáticas con su dolor y sufrimiento, al tiempo que reiteraron su disposición para continuar trabajando unidas para evitar que otros hogares experimenten la impotencia de no conocer el paradero de un ser querido.
Al hacer un llamado a revisar los avances y retos en el cumplimiento de la Sentencia, el Gobernador Javier Corral Jurado expresó que dicho ordenamiento marcó una nueva vertiente en la lucha por hacer efectivos los derechos de las mujeres y tras refrendar su compromiso para terminar con todas las formas de violencia que sufre este sector de la sociedad chihuahuense, el mandatario estatal reconoció el trabajo realizado por el Ombudsperson nacional en la defensa de los derechos humanos, ejerciendo con total autonomía y de manera plena las facultades legales de este Organismo Autónomo.
Por último, el Ombudsperson nacional participó en la Clausura de la Primera Generación de la Escuela de Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres, integrada por 526 personas que concluyeron los 9 módulos temáticos del diplomado y tras felicitar a los egresados, expresó sus deseos porque se continúen las tareas de capacitación y formación de activistas y personas de la función pública en la defensa de los derechos fundamentales.
