- Fue impartida durante cinco meses por especialistas certificados de la Codhem.
Toluca, Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) capacitó a medio centenar de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México sobre el Protocolo de Estambul, metodología que consta de estándares internacionales para la valoración médica y psicológica de las víctimas de tortura o maltrato, y con ello, identificar y prevenir la afectación a la dignidad humana.
Al respecto, la instructora certificada María del Carmen Hernández Reyes, adscrita a la Secretaría Técnica de la Codhem, señaló que en primer término, la capacitación impartida a jueces y secretarios del Poder Judicial, busca crear conciencia sobre lo imprescindible que resulta actuar con estricto apego al manual que permite evaluar los presuntos actos de tortura, a fin de identificar las causas y consecuencias de lo que puede configurarse como el delito de tortura.
Hernández Reyes informó en entrevista que el Protocolo de Estambul fue elaborado por más de 75 expertos de 40 organizaciones de 15 países, y fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2000, con la finalidad de proteger a las personas contra la tortura.
Asimismo, recordó que la misma ONU define a la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento…”, que es precisamente lo que se busca prevenir y erradicar con este tipo de capacitación, explicó María del Carmen Reyes.
Expuso que la capacitación fue dirigida a 50 servidores públicos en sesiones efectuadas del 5 de marzo al 8 de agosto del año en curso, en las cuales se instruyó a detalle sobre el Protocolo que permite investigar y documentar incidentes de tortura y otras formas de maltrato.
