Identifican posible riesgo de lavado ligado al fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió este miércoles órdenes en las que identifica a tres instituciones financieras mexicanas como entidades con riesgo significativo de lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos, en particular el fentanilo.
Las instituciones mexicanas señaladas son:
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CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple
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Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple
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Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Esta designación implica restricciones inmediatas para ciertas transferencias de fondos que involucren a estas entidades, según informó FinCEN en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter). Las nuevas medidas buscan evitar que redes delictivas, incluidas las relacionadas con cárteles mexicanos, utilicen estas plataformas para movilizar recursos provenientes del narcotráfico.
Primeras medidas bajo nuevas leyes contra opioides
Las acciones anunciadas forman parte de la primera aplicación de las nuevas leyes estadounidenses contra el tráfico de fentanilo: la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Estas legislaciones otorgan mayor poder al Tesoro para sancionar a instituciones financieras que, directa o indirectamente, faciliten operaciones del crimen organizado vinculado a drogas sintéticas.
El gobierno estadounidense considera al fentanilo una crisis de salud pública, debido a su alta letalidad y rápida propagación. Por ello, estas disposiciones se orientan a desarticular las redes financieras que sustentan su comercio ilegal.
Cooperación bilateral con México
Funcionarios de Estados Unidos subrayaron que esta medida se alinea con una estrategia de cooperación bilateral entre ambos países. La colaboración incluye intercambio de inteligencia financiera y operativos conjuntos, que han sido fundamentales para seguir el rastro del dinero proveniente de actividades ilícitas.
Las sanciones impuestas no constituyen acusaciones penales directas contra las instituciones mexicanas, pero sí representan una alerta internacional y un golpe reputacional importante, que podría afectar su capacidad de operar con corresponsales en el extranjero.
Hasta el momento, ninguna de las tres instituciones ha emitido un posicionamiento oficial respecto a los señalamientos. El impacto real de estas medidas dependerá de las respuestas regulatorias tanto en México como en Estados Unidos.
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