En un paso decisivo hacia la reconfiguración del sistema de seguridad pública, autoridades federales presentaron esta mañana un ambicioso paquete de reformas legales que buscan fortalecer tanto las capacidades operativas como los mecanismos de inteligencia en el país.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, dio a conocer los principales alcances de la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una legislación que será renovada por primera vez desde su creación en 1995 y que, según dijo, representa una transformación estructural con visión federalista y de largo alcance.
“La propuesta otorga respaldo jurídico al gabinete federal de seguridad pública, lo vuelve obligatorio y permite su replicación en los estados a través de las mesas de paz. Esto refuerza la toma de decisiones colectivas y la acción coordinada en los territorios”, explicó Figueroa Franco.
La funcionaria detalló que la reforma contempla el establecimiento del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, una herramienta diseñada para anticipar, identificar y desarticular amenazas que afecten la paz y la integridad de la población, siempre en coordinación con el Ministerio Público.
Entre los elementos más innovadores de la iniciativa se encuentra la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, una institución educativa con enfoque ético y humanista que formará profesionales en labores de inteligencia e investigación criminal.
“Se definen estándares mínimos para el desarrollo institucional de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios, así como un modelo nacional de acreditación que evalúe tanto a los elementos como a las instituciones, buscando confianza y profesionalismo”, agregó.
Respecto a la Guardia Nacional, la funcionaria precisó que las modificaciones propuestas buscan armonizar su funcionamiento con la reforma constitucional ya vigente, y ubicarla en un nivel operativo similar al del Ejército Mexicano.
En su intervención, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó el contenido de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que implica una reforma al artículo 21 constitucional. Esta norma pretende establecer mecanismos de comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales para una mayor eficiencia en el combate a amenazas emergentes.
Godoy fue enfática al señalar que estas reformas están pensadas para proteger los derechos de la población, subrayando que la Guardia Nacional no realizará labores de espionaje en perjuicio de la ciudadanía.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió los resultados recientes de los operativos federales, destacando que en tan solo 15 días se han detenido a mil 232 personas, entre ellas 22 objetivos prioritarios, además del decomiso de sustancias, combustible y desmantelamiento de laboratorios clandestinos.
En ese contexto, informó sobre la captura de Irwin “N”, alias El 8, presunto operador de alto nivel dentro de la estructura criminal de “Los Linces” ligados a los Beltrán Leyva, arrestado el 19 de junio en Zapopan, Jalisco. La detención se logró mediante labores coordinadas del Centro Militar de Inteligencia, la SEDENA y la FGR.
Finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, en representación de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, habló sobre los avances en programas sociales y jornadas comunitarias. Hasta la fecha, se han realizado más de 2 mil 300 actividades de paz y cultura, incluyendo ferias literarias y campañas de canje de armas y juguetes bélicos, uno de los programas más exitosos en la atención a las causas estructurales de la violencia.
Con este paquete de reformas, el gobierno federal busca consolidar una política de seguridad con perspectiva integral, que articule inteligencia, justicia, prevención y derechos humanos.
