Por: Raúl Contreras Bustamante
Aún sin poder realizar un examen profundo y exhaustivo de los resultados totales de los comicios celebrados para la elección de ministros, magistrados, jueces federales e integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; así como de juzgadores de carácter local en 19 entidades federativas, ya se pueden resumir algunas de las lecciones que dejaron.
La primera, es que la ciudadanía que fue convocada por el Instituto Nacional Electoral para participar en las elecciones judiciales volvió a tener un comportamiento ejemplar.
La segunda, es que la elección sirvió para legitimar la desaparición de los poderes judiciales del país y para llevar a los cargos a personas cuyos perfiles estuvieron predeterminados.
A pesar de que de manera expresa el artículo 96 de la Constitución señala que estaba prohibido el financiamiento público o privado de las campañas, así como que los partidos políticos y las personas servidoras públicas realizaran actos de proselitismo y se posicionaran a favor de candidatura alguna, en días previos a las elecciones se distribuyeron en todo el país los llamados “acordeones”, que indicaban por quien votar.
Los medios de comunicación han documentado que, quienes resultaron electos para ocupar los cargos de ministras y ministros; magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, de manera coincidente eran los mismos que aparecieron en esos documentos proselitistas.
La tercera, es que los resultados —desde el punto de vista democrático— no fueron del todo positivos. 88% de abstencionismo a nivel nacional; un altísimo porcentaje de votos nulos, desmotivación de las elecciones locales, ciudadanía molesta y confusa.
Para los más de 85 millones de empadronados que decidieron no ir a votar, se debe a que sabían que iban a tener que optar por nombres que no conocían ni les decían nada.
Las lecciones mencionadas deben de ser evaluadas y ameritan reformas profundas para evitar que en las elecciones de 2027 se repitan, y evitar que se siga demeritando la integración de quienes serán los nuevos juzgadores.
En dichos comicios se renovarán: la Cámara de Diputados federal; el 50% restante de los magistrados y jueces federales; los juzgadores de 13 entidades federativas que no se eligieron en esta ocasión; así como 16 gubernaturas y diversos cargos de carácter local.
En esas elecciones sí van a participar los partidos políticos, a diferencia de estos comicios que fueron —por lo menos en lo formal— de carácter exclusivo ciudadano.
La doctrina define al abstencionismo como la ausencia de los votantes a las urnas de manera consciente. No se trata de un ausentismo fortuito, sino deliberado. No es casual, sino causal.
No se refiere a la ausencia de los votantes a las urnas por razones ajenas a su voluntad o por problemas censales, sino que se trata de una decisión predeterminada para expresar —mediante el silencio— la voluntad política de rechazo hacia los partidos, los candidatos o al sistema mismo.
De no entender el mensaje popular y repetir este proceso bajo los mismos términos en los próximos comicios puede arrastrar los demás resultados del resto de las elecciones que son esenciales para nuestra vida republicana.
Como Corolario, la definición del jurista ecuatoriano Rodrigo Borja: El abstencionismo es un acto de desobediencia cívica o de protesta contra el orden político existente”.
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