El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) impuso nuevas restricciones que dificultan las visitas de miembros del Congreso a los centros de detención de migrantes. Ahora, los legisladores deben solicitar sus visitas con al menos 72 horas de anticipación, y la agencia se reserva el derecho de negar, cancelar o reprogramar dichas inspecciones.
La actualización del protocolo, que sustituye las normas vigentes desde febrero, desató críticas por parte de congresistas y defensores de derechos humanos, quienes acusan al gobierno de ocultar las condiciones reales en estos centros.
Legisladores denuncian violaciones a la ley federal
La ley federal permite que los congresistas inspeccionen sin previo aviso las instalaciones del ICE como parte de sus funciones de supervisión. Sin embargo, la nueva normativa exige un aviso formal con tres días de anticipación, lo que limita ese derecho.
El congresista Bennie Thompson calificó la medida como “una afrenta a la Constitución y a la ley federal”. Además, acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de bloquear de forma deliberada la supervisión del Congreso. La medida refleja el creciente conflicto entre legisladores demócratas y el gobierno de Donald Trump, que ya había impedido el acceso a varios centros migratorios en ocasiones anteriores.
ICE impone más restricciones al interior de sus instalaciones
La directiva también establece que la restricción se aplica exclusivamente a los centros de detención donde albergan migrantes, y no a las oficinas de campo del ICE. Además, prohíbe cualquier actividad política dentro de las instalaciones.
Organizaciones de derechos humanos advierten que esta prohibición busca silenciar las denuncias públicas sobre las redadas, el trato a los migrantes y las condiciones precarias en los centros de detención.
El gobierno justifica la medida en nombre de la seguridad
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió los cambios y explicó que la agencia los adoptó para “garantizar la seguridad y operatividad” de los centros. Sin embargo, activistas y organizaciones civiles rechazan ese argumento y aseguran que el gobierno busca esconder la realidad que enfrentan los migrantes detenidos.
Los informes más recientes documentan hacinamiento, falta de atención médica y malos tratos, situaciones que muchos legisladores solo pueden constatar con visitas presenciales. Por ello, consideran que las nuevas restricciones debilitan la transparencia y el control institucional.
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