● En el Congreso mexiquense se inició el análisis de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para abrogar un decreto por el que se autorizó la desincorporación de inmuebles en Nezahualcóyotl y donde se proyecta crear un ‘Polo Económico’.
● Congresistas de las bancadas de morena y PT se pronunciaron a favor de “dar el primer paso” para este proyecto.
● Los grupos parlamentarios del PRI y MC solicitaron esclarecer el estatus jurídico de los predios y los criterios para elegir la sede del polo.
En el Congreso mexiquense se inició el análisis de una iniciativa para abrogar un decreto por el cual se autorizó la desincorporación del patrimonio público y la enajenación de inmuebles en Nezahualcóyotl, en donde se proyecta crear un ‘Polo Económico para el Bienestar’, de la cual congresistas de morena y del PT se manifestaron a favor porque representa “dar un primer paso” en el proyecto; del PRI solicitaron aclarar aspectos legales y criterios de elegibilidad; y de MC pidieron revisar a detalle la iniciativa para conocer realmente a quien se beneficia.
La iniciativa, analizada en la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal de la LXII Legislatura mexiquense (presidida por la diputada Angélica Pérez Cerón, de morena), es autoría de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y plantea la abrogación del Decreto Número 218 de la “LVII” Legislatura del Estado de México (publicado en la “Gaceta del Gobierno” el 9 de noviembre de 2010), sobre los inmuebles que tienen una superficie de 737 mil 185.2069 metros cuadrados, en la zona conocida como Exvaso del Lago de Texcoco.
En favor de la propuesta, las legisladoras Angélica Pérez Cerón y María del Carmen de la Rosa Mendoza; el legislador Vladimir Hernández Villegas, de morena; así como la diputada Sara Alicia Ramírez de la O (PT), concordaron en que esta iniciativa representa un primer paso para consolidar a la entidad como un polo de desarrollo económico competitivo y con atracción de inversiones, además del mejoramiento de rubros como la movilidad, empleo, vivienda y educación a una región con alta densidad poblacional.
Explicaron que los terrenos referidos siguen sin usarse después de 14 años de la aprobación del decreto, pues el donatario no cumplió con las disposiciones de la Ley de Bienes estatal, porque no formalizó la enajenación a título oneroso; es decir, no se terminó de formalizar el acto jurídico correspondiente, por lo que ahora pueden aprovecharse para impulsar el bienestar de la población.
Detallaron que el ordenamiento determina que si el donatario no utiliza los bienes para los fines señalados dentro de un plazo de un año o, si habiéndolo hecho, haga un uso distinto o suspenda sus actividades por más de un año, sin contar con la aprobación de la Oficialía Mayor o de los ayuntamientos, la donación será revocada y el bien con sus mejoras revertirán a favor de la autoridad donante, previa declaración administrativa.
Al respecto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI) expresó la disposición de su bancada para apoyar el desarrollo económico, pero solicitó aclarar la situación jurídica de los inmuebles; el procedimiento para declarar un ‘Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar’, sus características, beneficios, y alcances, así como la elegibilidad de la sede.
Además de cuestionar el lugar del proyecto, la parlamentaria Ruth Salinas Reyes (MC) preguntó si la enajenación dio pie a un derecho en favor de un tercero; solicitó más detalles de los inmuebles, de los desarrolladores y del dictamen de viabilidad del proyecto, así como que se considere la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible al respecto.
Por el gobierno estatal, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial ‘Gaceta del Gobierno’; Susana Libién Díaz González, titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Económico; Elisa Ábrego Pérez, directora de Normatividad y Control Patrimonial de Oficialía Mayor; resaltaron que la enajenación no se formalizó, por lo que los bienes son propiedad del gobierno estatal y libres de gravamen.
Además, subrayaron los incentivos económicos que brinda el Gobierno de México, como la reducción inmediata de los activos fijos que se vayan a utilizar en estos polos, así como la deducción de un 25 por ciento adicional de los gastos de capacitación, investigación y desarrollo que lleven a cabo las empresas.
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