El 1 de junio, el partido oficialista Morena consolidó su control sobre el Poder Judicial en México mediante una elección sin precedentes que fue calificada por la oposición y analistas como una designación disfrazada de votación popular. Con una participación ciudadana de apenas 13% y más del 20% de las boletas anuladas o en blanco, el proceso ha generado intensas críticas nacionales e internacionales.
Un triunfo previsible para los candidatos afines a Morena
Los resultados preliminares muestran que los nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen vínculos directos con Morena o con figuras clave del partido, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Entre ellos destacan:
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Hugo Aguilar Ortiz, abogado ligado a proyectos indígenas de AMLO.
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María Estela Ríos, ex asesora jurídica de AMLO, quien se autodenominaba “la abogada del presidente”.
Los tres magistrados que lograron la reelección también fueron previamente nombrados por López Obrador, y durante su gestión rara vez votaron contra las iniciativas del Ejecutivo.
Elección cuestionada: ¿voto libre o “acordeón” partidista?
Aunque la votación fue presentada como un proceso ciudadano e independiente, múltiples irregularidades empañaron su legitimidad. Morena controló dos de los tres comités evaluadores, y en muchas casillas circularon listas (conocidas como “acordeones”) con los nombres recomendados por el partido, que coincidieron exactamente con los resultados finales.
Además, las boletas mostraban qué comité había aprobado a cada candidato, sirviendo como una “guía de voto” encubierta.
Confusión y apatía ciudadana
La jornada electoral se caracterizó por una falta de información, con siete boletas diferentes que contenían decenas de nombres. Muchos ciudadanos expresaron desconocimiento o desinterés, lo que resultó en un nivel de participación inferior al de ejercicios previos como la revocación de mandato de AMLO en 2022.
Riesgos de infiltración criminal y deterioro institucional
Entre los miles de puestos judiciales en disputa, se denunció la presencia de al menos 16 candidatos con nexos con grupos delictivos, lo que ha encendido alarmas sobre posibles infiltraciones del crimen organizado en el sistema de justicia.
Organizaciones civiles y empresariales como Coparmex advirtieron que esta elección desincentiva la inversión y podría violar compromisos del tratado USMCA con EE. UU. y Canadá.
Críticas de la oposición y organismos internacionales
Diversas fuerzas políticas han solicitado la anulación del proceso, mientras que misiones de observación, como la de la OEA, denunciaron coacción del voto. Incluso dentro de Morena se han propuesto ajustes al proceso, aunque el partido ha minimizado estas sugerencias.
¿Hegemonía al estilo del viejo PRI?
Con el control del Poder Judicial, el Congreso y la mayoría de las gubernaturas, Morena se perfila como el partido dominante en todos los niveles de gobierno, emulando al PRI hegemónico del siglo XX.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo tras las elecciones generales, declaró que este ejercicio “convierte a México en el país más democrático del mundo”, afirmación que fue ampliamente cuestionada por académicos, juristas y medios internacionales.
