Huachicoleo eléctrico ante la FGR; denuncian a Martín Esparza y otros líderes de SME.
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¿Quiénes presentaron la denuncia y por qué?
Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro acudieron este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a Martín Esparza Flores, Humberto Montes de Oca, Román Olvera y Miguel Márquez Ríos, todos integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Los acusan de participar en el robo de energía eléctrica, presuntamente utilizada para el minado de criptomonedas en instalaciones sindicales.
La denuncia fue presentada por Mario Benítez Chávez, representante de la planilla del Frente Amplio de Unidad (FAU), como parte del arranque de su campaña interna rumbo a la renovación del sindicato. El documento incluye cargos por asociación delictuosa, despojo de aguas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros posibles delitos.
¿Dónde operaban las granjas de criptomonedas?
De acuerdo con los denunciantes, las granjas de criptomonedas funcionaban en inmuebles que pertenecieron a LyFC y que el gobierno federal entregó al SME. Mencionaron ubicaciones como Nuevo Necaxa, Puebla; El Oro y San Simonito, Estado de México; Juandhó, Hidalgo, y Villa Coapa, en la Ciudad de México.
En particular, recordaron un operativo realizado en Nuevo Necaxa, donde la CFE, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército detectaron tomas ilegales de energía. A pesar de ello, no hubo detenciones ni se resguardó la escena. El suceso generó críticas por la falta de acciones judiciales concretas hasta la fecha.
¿Qué buscan los extrabajadores con esta denuncia?
Los denunciantes señalaron que el gobierno federal prometió combatir la corrupción, pero no ha actuado frente a lo que consideran un robo al patrimonio nacional. Denunciaron que el minado de criptomonedas requiere un alto consumo energético, cuyo costo estimado sería de 1.8 millones de pesos por unidad, lo que representa un daño económico significativo.
Mario Benítez aseguró que este grupo de líderes del SME ha utilizado las instalaciones sindicales con fines de lucro, excluyendo a más de 40 mil familias de extrabajadores. Además, destacó que Martín Esparza busca reelegirse como secretario general por cinco años más, después de dos décadas en el cargo, y con una planilla única que impide la competencia democrática.
También informaron que ya presentaron pruebas ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Indaabin, sin que hasta ahora se generen consecuencias legales. Benítez llamó a los disidentes a movilizarse para recuperar el SME, acusando a la actual dirigencia de representar intereses ajenos a la base trabajadora.
El conflicto evidencia la división interna en el sindicato y plantea interrogantes sobre el uso de bienes públicos, la transparencia sindical y la efectividad del Estado para vigilar recursos estratégicos como la energía eléctrica.
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