Por Salomón Rosas.
Con mucha razón William Hazlitt, literato inglés, decía que “cuando una cosa deja de ser objeto de controversia, deja de ser un asunto de interés” y esto aplica en el caso de la elección que se celebra hoy domingo en la que se eligen con el voto de los ciudadanos a l@s Jueces y Magistrad@s en todo el país y también a los Ministr@s de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en todo el proceso, desde la presentación de la iniciativa presidencial para la reforma constitucional, en su discusión/aprobación, y ahora en esta parte de su implementación, tanto la clase política e intelectual nacional, así como los empresarios y los medios de comunicación nacionales y extranjeros se han mostrado muy pero muy interesados y el tema ha escalado en el debate y hoy hemos llegado al clímax electoral de la reforma al Poder Judicial. Hay que entender que la jornada electoral que se verifica el día de hoy es tan solo una parte, intrínsecamente muy relevante por la profundidad del cambio que significa en el origen y sustento de esas autoridades sí, pero no deja de ser solo una parte del proceso completo y del diseño integral que tiene como propósito crear y consolidar una mejor administración de justicia en México.
Si bien es cierto todos los temas de carácter público son debatibles y pueden generar alta controversia, aquellos que representan una experiencia nueva, inédita y/o con pocos precedentes normalmente derivan en la polarización política porque están sujetos a todas especulaciones sobre el resultado final del “experimento” y aunque la realidad social sea a todas luces y para todos lacerante e insoportable -como es el caso de la falta de justicia para los mexicanos-, las fuerzas encontradas se debaten entre los que apoyan el intento de modificar una realidad social y las que se inconforman y rechazan el cambio optando por apuntalar el llamado statu quo, es decir, dejar las estructuras tal cual como están, apostando al fracaso de la reforma y negándose al cambio.
Martín Luther King ese gran líder del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos de América y a quien muchísimos reconocemos y decimos admirar, señalaba que “un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia” y la historia ha validado su dicho. Asumir los problemas y retos que tenemos como gobierno y sociedad es central y no merece regateosporque la realidad que describe, por ejemplo, Alejandra Hernández del Programa de Justicia del Centro de Investigación México Evalúa, y que ratifican muchas otras fuentes como la del INEGI con sus datos, en la que se afirman que la impunidad en México permanece por encima del 90% y que apenas 7 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución durante 2023, que esta y otras métricas que se realizan desde hace once años llevan a examen a cada una de las instituciones de justicia: fiscalías, tribunales, comisiones de víctimas, defensorías públicas, unidades de supervisión de medidas cautelares, sistema penitenciario y seguridad pública. Lo hace bajo un lente que pone en el centro a las personas, sus necesidades en términos de justicia, y el respeto a sus derechos humanos. Es elaborado por México Evalúa con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID (Agencia de los Estados Unidos). Se trata de cifras lamentables y que en el caso del ámbito federal la historia en términos de impunidad y resolución efectiva de casos es similar a los datos estatales. Para el año 2022, último año para el que contamos con información completa, la impunidad directa alcanzó al 95.5% de los casos conocidos por la Fiscalía General de la República (FGR). Este indicador permanece prácticamente sin cambios desde que se inició su medición en 2018. Por su parte la organización Impunidad Cero reitera que el tamaño de la impunidad en México es enorme dado que no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen y menos del 1% son resueltos;en México, dice, de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, solo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es tan solo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México. A estas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales, solo el 10.3% de las personas dice confiar mucho en estas instituciones.
Otro gran pensador como lo fue Juan Jacobo Rousseau hablaba de que “nuestras controversias parecerán tan raras a las edades futuras, como las del pasado nos han parecido a nosotros”. Independientemente del destino de esta gran controversia que ha significado y significa la reforma al Poder Judicial de nuestro país, la realidad ahí está y es de altísima impunidad e injusticia; la controversia también ahí está y podemos ubicarnos en el lado que nos asigne nuestra inteligencia, ideología o postura política. Lo que hoy, día de elecciones, no podemos es dejar de ejercer nuestro derecho constitucional que tenemos como ciudadanos de votar en las elecciones populares (Artículo 35 Fracción I) ni dejar de cumplir con nuestra obligación como ciudadanos de la República de “votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley” (Artículo 36 Fracción III). Que la jornada electoral del día de hoy 1 de junio de 2025 sea por el bien de México y que con ella se logre mejorar pronto el sistema judicial y abatir la impunidad en nuestro México.
