Consejo General aprueba medidas contra propaganda ilegal
Durante la primera jornada de la veda electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo para frenar la distribución de acordeones con indicaciones de voto en la elección judicial. En esta sesión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, advirtió que esta práctica, así como los llamados a no acudir a las urnas, podrían considerarse delitos electorales.
Taddei explicó que tanto inducir como coaccionar el voto en casillas representan violaciones a la ley. La diferencia, precisó, radica en el tipo de presión ejercida: mientras la inducción implica convencer, la coacción conlleva el uso de la fuerza o la violencia. Recalcó que ambas acciones resultan inaceptables durante el proceso democrático.
En su intervención, la presidenta del INE instó a quienes promueven los acordeones a desistir y respetar el periodo de reflexión. También dirigió un mensaje a quienes llaman a no votar, pidiéndoles guardar silencio para no interferir con la decisión libre de los ciudadanos. “Confío plenamente en la inteligencia del electorado”, expresó.
Denuncias ciudadanas y reacción institucional
El acuerdo aprobado por unanimidad responde a tres quejas ciudadanas, una de ellas presentada por la organización Proyecto Justicia Común A.C. En estas denuncias se alertó al INE sobre el reparto masivo de guías con números vinculados a candidaturas del Poder Judicial de la Federación. Hasta ahora, el Instituto ha recibido más de 100 escritos de deslinde por parte de candidaturas aludidas en esos materiales.
El consejero Martín Faz calificó esta práctica como inmoral y vergonzosa para la democracia. Aseguró que detrás de la elaboración y difusión de los acordeones podrían estar estructuras partidistas o gubernamentales. “Quienes impulsan estas acciones no son demócratas, sino sepultureros de la democracia”, sentenció.
Además, los consejeros destacaron que este tipo de propaganda, al realizarse durante la veda electoral, constituye una posible falta administrativa e incluso un delito penal. También podría derivar en sanciones por uso indebido de recursos públicos o por omisiones en la fiscalización del gasto de campaña.
Por ello, el INE acordó remitir estas denuncias a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales. Asimismo, aclaró que si bien no se cuenta aún con hechos acreditados, la investigación continúa y se dará seguimiento a cada caso conforme a la ley.
Finalmente, el consejo subrayó la necesidad de enviar un mensaje firme a partidos políticos y servidores públicos, a quienes se les pide acatar las normas que rigen el actual proceso electoral. La medida busca proteger la libertad del sufragio y garantizar una jornada electoral transparente y justa.
