El Instituto respondió a más de 820 recursos en todo el país
Ciudad de México. Durante los últimos ocho meses, el Instituto Nacional Electoral (INE) atendió más de 820 juicios de amparo que buscaban frenar la elección judicial extraordinaria, proceso que comenzó formalmente en septiembre pasado. La frase clave elección judicial extraordinaria marcó el centro de la batalla legal entre el organismo electoral y miles de ciudadanos y jueces inconformes con la reforma en curso.
En sesión de la Junta General Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez Barajas, encargado de la dirección jurídica del INE, explicó que este conjunto de recursos judiciales representó una presión inédita sobre el área legal del Instituto. “Combatimos una serie de resoluciones que pretendieron impedirnos ejercer nuestras atribuciones constitucionales”, aseguró el funcionario ante los principales responsables del órgano electoral.
Recursos desde todo el país
Los amparos interpuestos llegaron desde múltiples entidades, con especial incidencia en Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. Entre el 24 de septiembre de 2024 y el 16 de mayo de 2025, el INE recibió 828 notificaciones relacionadas con estos recursos, promovidos por un total de 7 mil 191 personas.
El informe jurídico detalla que la carga de trabajo incluyó la atención de 6 mil 781 notificaciones, así como la respuesta a 504 informes justificados, 654 informes previos, 828 solicitudes de sobreseimiento y la recepción de 93 sobreseimientos notificados. Además, se enfrentaron 554 suspensiones provisionales, 108 de plano y 91 definitivas.
A pesar de las restricciones de tiempo —algunas con plazos de apenas 24 a 48 horas— el Instituto logró responder adecuadamente a los requerimientos legales a través de sus 32 delegaciones en el país. “Esto permitió asegurar que ninguna suspensión tuviera efectos jurídicos permanentes después del 21 de noviembre de 2024”, afirmó Vázquez Barajas.
Argumentos de los inconformes
Los amparos surgieron por diferentes motivos. Algunos promoventes alegaron afectaciones laborales derivadas de la desaparición de fideicomisos. Otros argumentaron que la reforma judicial vulneraba la autonomía del Poder Judicial y denunciaron una supuesta intención del Ejecutivo y Legislativo de tomar control político sobre este.
