Servicios legales gratuitos llegarán a comunidades del municipio
En Otzolotepec, autoridades locales y estatales concretaron la firma de un convenio con el Instituto de la Defensoría Pública Edoméx, con el fin de acercar los servicios legales del Gobierno del Estado de México a las comunidades del municipio. El acuerdo busca facilitar el acceso a la justicia para personas que enfrentan procesos legales y no cuentan con recursos para contratar una defensa privada.
El convenio fue formalizado en presencia de autoridades municipales y estatales, destacando la participación de la Consejería Jurídica del Estado de México y del director general del Instituto de la Defensoría Pública, Alberto Cervantes Juárez, quien refrendó el compromiso de extender los beneficios de este organismo a la población más vulnerable.
Asesoría legal en comunidades
Uno de los principales componentes del convenio es la implementación de brigadas jurídicas itinerantes, que recorrerán diversas comunidades de Otzolotepec para ofrecer orientación legal gratuita en temas de materia familiar, civil, penal y administrativa. Esta iniciativa pretende atender a personas que requieren apoyo jurídico inmediato y no tienen fácil acceso a oficinas centrales.
Además, se realizarán campañas informativas enfocadas en la prevención del delito, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes. Estas actividades buscarán fomentar una cultura de legalidad y promover el conocimiento de los derechos entre la población.
Compromiso con el acceso a la justicia
La presidenta municipal agradeció la colaboración del Gobierno del Estado y subrayó la importancia de contar con herramientas institucionales que garanticen el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. “Nuestro objetivo es que ninguna persona se quede sin defensa por falta de recursos”, mencionó.
Por su parte, Alberto Cervantes Juárez señaló que la Defensoría Pública Edoméx continuará ampliando su cobertura territorial para asegurar que cada vez más mexiquenses tengan acceso a una defensa legal gratuita y de calidad. “La justicia debe ser un derecho garantizado, no un privilegio”, puntualizó.
El convenio también prevé mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la efectividad de las acciones implementadas, así como la capacitación continua del personal que participará en la atención directa a la ciudadanía.
