Yasmín Esquivel argumenta a favor de avalar el decreto sobre Secretaría Anticorrupción.
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¿Qué resolvió la Suprema Corte en esta sesión?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió mantener vigente un decreto que otorga nuevas facultades a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente conocida como Secretaría de la Función Pública. La propuesta, elaborada por la ministra Yasmín Esquivel, argumenta que la norma fortalece la administración pública sin violar principios constitucionales.
Durante la sesión, el Pleno discutió si el proceso legislativo llevado a cabo durante el llamado “viernes negro” cumplió con los requisitos necesarios. Aunque siete ministros votaron en contra del proyecto, no se alcanzó la mayoría calificada para declarar la invalidez del decreto, por lo que sigue en vigor.
¿Por qué se cuestionó el decreto en la Corte?
El decreto en cuestión surgió en un contexto legislativo polémico. El pasado 13 de enero, el Pleno de la Corte ya había revisado otros dictámenes aprobados ese mismo día. En aquella ocasión, se discutió su posible invalidez por irregularidades en el procedimiento parlamentario. Sin embargo, al no reunir los ocho votos necesarios, las acciones de inconstitucionalidad se rechazaron.
En esta nueva sesión, el proyecto de la ministra Esquivel sostuvo que no existieron anomalías suficientes en la sesión legislativa que ameritaran invalidar el decreto. En consecuencia, se consideró que la reforma cumple con los estándares del proceso parlamentario y que fortalece el control sobre los recursos públicos.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
Aunque la Corte ya validó el decreto principal, los artículos transitorios aún no han sido analizados. Estos puntos se discutirán en la próxima sesión del Pleno, por lo que la revisión del decreto no ha concluido completamente.
Según explicó la ministra ponente, uno de los objetivos centrales de esta reforma es lograr un uso más eficiente y transparente del gasto público, a través de la reorganización de competencias dentro del Ejecutivo federal. Bajo esta lógica, se pretende que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tenga mayor responsabilidad en contrataciones públicas y vigilancia del ejercicio gubernamental.
En medio de críticas al proceso legislativo que dio origen a esta norma, la Corte decidió respaldar su legalidad, lo que permite a la dependencia avanzar con sus nuevas atribuciones mientras continúa la revisión de los detalles normativos pendientes.
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