Raúl Contreras Bustamante
El próximo 7 de junio, Pemx celebrará 87 años desde su fundación. La empresa nació en 1938 durante el mandato del presidente Lázaro Cárdenas, tan sólo unos días después de la emisión del decreto de la expropiación petrolera. Con el paso de los años, se convirtió en la empresa más estratégica e importante del Estado Mexicano, aunque desde hace años esto ha quedado en el pasado.
A lo largo de su historia, esta empresa petrolera generó ingresos muy importantes para financiar el gasto público, y —en muchos aspectos— el desarrollo del país. Los expertos dicen que fue explotada de forma excesiva y que no se destinaron recursos —de entre sus enormes ingresos— para financiar su modernización y potencializar su crecimiento.
En los últimos años, Pemex pasó de ser un motor de la economía nacional, para convertirse en una empresa deficitaria, sobre endeudada y acusada de tener prácticas gerenciales que han permitido la corrupción.
En entregas pasadas hemos señalado que en 2024, la empresa reportó una pérdida neta de 620,605 millones de pesos. De ello, cerca de 20,500 millones se perdieron por efecto del llamado “huachicol”.
De acuerdo con cifras publicadas en los medios de comunicación, en el primer trimestre de este año, Pemex ha reportado pérdidas por sustracción ilegal de combustibles por 5,471 millones de pesos, que representa 17% más respecto del mismo periodo de 2024.
Un amigo experto y muy ligado a la empresa, me explicó que el huachicol tiene tres grandes actividades. El robo de gasolina de manera directa, que se presenta durante los procesos de distribución a las gasolineras; la “ordeña” a través de los “pinchazos” a los ductos en que se transportan los combustibles; y, por último, la venta de combustibles que entran y salen del territorio nacional sin pagar impuestos y que se venden de manera clandestina.
Durante el año pasado, el robo de energéticos a través de la perforación de ductos —de acuerdo con información oficial— presentó un aumento en las tomas clandestinas en 10 entidades federativas, siendo Oaxaca donde el incremento fue mayor.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que diversos cárteles mexicanos que sustraen petróleo de Pemex por miles de millones de dólares, lo comercializan en territorio estadunidense.
La magnitud de este negocio es tan significativa que junto con el contrabando de petróleo crudo, se ha convertido en la principal fuente de ingresos ilícitos para los cárteles, después del narcotráfico. En lo que va de la presente administración, el combate a estas conductas delictivas se ha endurecido, pero de poco o nada ha servido la reforma al artículo 19 constitucional —promulgada en 2019— mediante la cual se amplió el catálogo de delitos merecedores de prisión preventiva oficiosa, donde se incluyeron los delitos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, lo que incluye a los actos delictivos por el manejo del huachicol.
Sólo por poner un ejemplo, durante el sexenio pasado, Pemex presentó más de 31 mil denuncias por robo de hidrocarburos, pero la Fiscalía General de la República sólo logró que se sentenciaran a ocho personas.
El fenómeno del huachicol está carcomiendo a México, ya que está ligado al aumento de la violencia. Las zonas donde se encuentran oleoductos y tomas clandestinas presentan tasas de homicidios hasta tres veces mayores que el promedio nacional.
Lo curioso del tema es que nunca se ha sabido que se procese a ningún alto funcionario de Pemex que esté ligado a la producción, distribución y venta de los combustibles.
Pareciera que el enorme robo que se padece, no lo saben ni lo ven ni les importa. Lo cual resulta increíble.
Como Corolario, la frase del escritor suizo Carl Jung: “Lo que se niega a aceptar, se repite”.
