Un juez federal en Boston suspendió este jueves el decreto emitido por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que buscaba eliminar el Departamento de Educación y autorizar el despido masivo de empleados públicos. La resolución judicial representa un revés significativo para la administración republicana, que promovía esta medida como parte de su plan de reducción del aparato gubernamental.
La decisión judicial responde a una serie de demandas presentadas por al menos 20 estados y diversos sindicatos de profesores, quienes argumentaron que el decreto violaba el principio constitucional de separación de poderes, ya que el Ejecutivo intentaba intervenir en una materia que es exclusiva del Congreso: la creación o disolución de agencias federales.
Una decisión polémica que genera reacciones
En marzo, el Departamento de Educación había anunciado la reducción de 50 % de su plantilla laboral, lo cual encendió las alarmas entre organizaciones educativas, legisladores demócratas y defensores de la educación pública. Días después, Trump ordenó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, iniciar un proceso de desmantelamiento total del departamento, calificándolo de “innecesario”.
“El presidente me ha encargado cerrar el Departamento de una vez por todas”, declaró McMahon en conferencia de prensa, generando reacciones encontradas en todo el país.
Sin embargo, el juez Myong Joun dictaminó que el Ejecutivo no puede avanzar en ese plan sin una ley aprobada por el Congreso, y ordenó de inmediato la reintegración del personal despedido.
“No podemos pedir a este tribunal que cierre los ojos mientras los empleados siguen siendo despedidos y sus unidades son transferidas hasta convertir al Departamento en un cascarón vacío”, escribió el juez Joun en su fallo.
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El rol estratégico del Departamento de Educación
Aunque la educación en Estados Unidos es principalmente competencia de los gobiernos estatales y distritales, el Departamento de Educación federal tiene funciones clave: canaliza subvenciones para escuelas en zonas marginadas, financia programas de apoyo educativo y vela por los derechos civiles de estudiantes en todo el país.
Desmantelar esta dependencia federal afectaría a millones de estudiantes que dependen de recursos públicos, especialmente en contextos de pobreza o desigualdad estructural. Expertos advierten que eliminar esta agencia debilitaría los controles y la supervisión del sistema educativo en su conjunto.
El Congreso como barrera legislativa
Legalmente, el presidente no puede eliminar un departamento del gabinete sin una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso. Para ello, se requerirían al menos 60 votos en el Senado, donde los republicanos actualmente no tienen mayoría calificada. Esto significa que, incluso con la suspensión temporal del juez, el plan de Trump enfrentaría grandes obstáculos legislativos.
Además, varios congresistas ya se han pronunciado en contra del intento de eliminación, calificándolo de autoritario y peligroso.
