Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2,500 millones de dólares por corrupción: sentencia en EE. UU

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Este jueves 22 de mayo, un tribunal en Miami-Dade, Florida, dictó sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, y su esposa Cristina Pereyra, por actos graves de corrupción gubernamental. Ambos fueron condenados a pagar más de 2 mil 500 millones de dólares, en favor del Estado mexicano.

El origen de la demanda: UIF detectó red de contratos manipulados

La sentencia es resultado de una demanda civil presentada en septiembre de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en la cual se denunció que García Luna había creado un esquema ilegal de contratación gubernamental, mediante el cual desvió millones de dólares del erario.

De acuerdo con la UIF, el exfuncionario federal utilizó su posición de poder para manipular licitaciones públicas, otorgando contratos a empresas vinculadas a su red personal. Posteriormente, los recursos obtenidos eran transferidos a cuentas y propiedades en Florida, con la finalidad de ocultar su origen ilícito.

Florida, centro de operaciones financieras ilegales

Las investigaciones revelaron que García Luna estableció en el condado de Miami-Dade una compleja estructura financiera destinada a lavar los fondos obtenidos de manera fraudulenta. La jueza del caso consideró que existían pruebas suficientes para establecer que los fondos públicos fueron saqueados a través de sobornos y corrupción institucionalizada.

Implicaciones legales y políticas de la sentencia

Este fallo representa un duro golpe legal y simbólico contra uno de los exfuncionarios más controvertidos de la administración calderonista. Además de los procesos penales en curso en Nueva York por nexos con el narcotráfico, García Luna ahora enfrenta una deuda multimillonaria producto de delitos financieros internacionales.

Por su parte, el gobierno mexicano, a través de la UIF, ha celebrado esta decisión judicial como una victoria legal en la recuperación de activos públicos, al tiempo que continúa con otros procedimientos para identificar bienes ocultos relacionados con esta red de corrupción.