Promueve el acceso a la información y la protección de datos
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) reafirma su compromiso con la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. A través de su Unidad de Transparencia, esta institución no solo atiende solicitudes ciudadanas, sino que también ofrece asesoría directa y garantiza que la información pública esté disponible de forma oportuna y accesible.
Además, el Comité de Transparencia del TRIJAEM supervisa permanentemente las acciones institucionales. Este órgano se encarga de verificar el cumplimiento de las normas en materia de acceso a la información y protección de datos personales, al tiempo que fomenta la capacitación continua entre las y los servidores públicos del tribunal.
Transparencia proactiva más allá de la obligación legal
Con una política de transparencia proactiva, el TRIJAEM va más allá de lo que establece la ley. Esta estrategia incluye la publicación de información adicional que puede ser de interés para la ciudadanía, facilitando la consulta de datos relevantes sin necesidad de realizar solicitudes formales.
Entre los contenidos difundidos destacan estadísticas institucionales, versiones públicas de resoluciones y lineamientos de actuación, lo que permite conocer mejor el funcionamiento del tribunal. Esta práctica fortalece la rendición de cuentas y permite que la población tenga mayor confianza en las decisiones administrativas y jurisdiccionales.
Protección de datos personales, otro pilar clave
Junto con el acceso a la información, el TRIJAEM también destaca por su política de resguardo de datos personales. La institución aplica estrictos protocolos para asegurar que los datos sensibles se traten con responsabilidad, confidencialidad y claridad. Así, se equilibra el derecho a la información con el derecho a la privacidad de las personas.
El enfoque integral del TRIJAEM en materia de transparencia no solo responde a mandatos legales, sino que forma parte de su compromiso institucional con la ciudadanía. Al mantener abiertos sus procesos y proteger los datos de quienes interactúan con el tribunal, se consolida como un ejemplo de buenas prácticas dentro de la administración pública estatal.