Controversia por transferencia sin autorización de recursos
El conflicto entre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y Nacional Financiera (NAFIN) escaló esta semana, luego de que la institución bancaria transfirió más de 10 mil millones de pesos del Poder Judicial a la Tesorería de la Federación. De acuerdo con un comunicado oficial del CJF, la acción ocurrió sin previa consulta ni autorización por parte del órgano judicial, lo que ha encendido alarmas sobre la legalidad del procedimiento y el posible impacto en compromisos financieros ya establecidos.
La transferencia involucró exactamente 10 mil 260 millones 507 mil 418 pesos, fondos que el CJF había encomendado a NAFIN para su administración en fideicomisos. Estos recursos estaban destinados a cubrir pagos extraordinarios para jueces y magistrados que decidieran separarse de su cargo, como parte del proceso de transición que plantea la Reforma Judicial. Aunque esta reforma constitucional autoriza la extinción de dichos fideicomisos, el CJF insiste en que la acción de NAFIN no se apegó a los términos contractuales establecidos.
CJF denuncia transferencia no autorizada y Jufed exige pagos pendientes
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) se sumó a la crítica. En una carta enviada al Pleno del CJF, la directora de la organización, Juana Fuentes Velázquez, exigió que se realicen los pagos correspondientes a los jueces que ya han dejado sus cargos voluntariamente. La directiva afirmó que el incumplimiento representa una nueva violación a los derechos fundamentales de los integrantes del Poder Judicial.
Además, Jufed solicitó que el CJF brinde claridad sobre la razón detrás de la omisión de pagos y exigió que se respete el derecho constitucional adquirido por los funcionarios judiciales que ya no ejercen. Recalcó que la falta de presupuesto no debe utilizarse como excusa para ignorar estos compromisos legales.
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Mientras tanto, el CJF analiza posibles vías legales para resolver el conflicto y recuperar el control sobre los recursos transferidos. También busca asegurar que los pagos extraordinarios prometidos en el marco de la reforma lleguen a quienes ya se encuentran en situación de retiro.
Este episodio se enmarca en un contexto de tensiones crecientes entre los poderes del Estado, donde la administración de los recursos públicos vuelve a estar en el centro del debate.
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