Acusan violación a la Constitución

Magistrada María Emilia Molina señala que se ignoraron contratos y disposiciones legales en el manejo de fideicomisos del Poder Judicial

La reciente transferencia de más de 10 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) a la Tesorería de la Federación por parte de Nacional Financiera (Nafin) ha desatado una fuerte controversia jurídica y política. La magistrada de circuito María Emilia Molina denunció que esta acción violó la Constitución, contratos vigentes y disposiciones legales, al haberse realizado sin consulta previa ni fundamento legal.

¿Qué ocurrió con los fideicomisos del Consejo de la Judicatura?

Los fondos en cuestión pertenecen a fideicomisos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo objetivo era garantizar compensaciones para jueces y magistrados que no participaran o no resultaran electos en el proceso judicial previsto para el próximo 1 de junio. Estos recursos también estaban destinados a cubrir necesidades extraordinarias, como gastos médicos, según los contratos establecidos.

Sin embargo, Nafin —una sociedad nacional de crédito y fiduciaria del gobierno— decidió transferir la totalidad de estos recursos a la Tesorería sin previo aviso ni consentimiento del CJF, lo que ha sido calificado por expertos como una flagrante violación constitucional.

“Se desconocen contratos y derechos adquiridos”: Molina

En entrevista, la magistrada Molina señaló que la acción de Nafin no solo ignora lo estipulado en la Constitución, sino también los contratos fiduciarios firmados, que claramente no contemplan la entrega directa de recursos a la Tesorería.

“Esto sienta un grave precedente. Si el sistema financiero se convierte en instrumento del régimen para disponer de recursos públicos y privados, la seguridad jurídica y la confianza en los contratos desaparecen”, alertó.

Además, subrayó que estos fideicomisos incluían aportaciones del personal judicial, lo que implica que no todos los fondos eran públicos, sino que había dinero privado comprometido contractualmente.

Implicaciones legales y advertencias al régimen

La magistrada fue enfática al advertir que este tipo de acciones representan un retroceso autoritario. “Estamos ante un régimen que desconoce la propiedad privada, los derechos adquiridos y el Estado de Derecho”, dijo.

Molina también recordó que ya existían suspensiones legales que impedían el uso de estos recursos. Al ignorarlas, Nafin habría incurrido en desacato, lo que podría derivar en impugnaciones judiciales en defensa del Poder Judicial y sus integrantes.

¿A dónde irán los recursos?

El 11 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el dinero transferido será destinado al ISSSTE, asegurando que “no existe ninguna irregularidad”. No obstante, juristas y funcionarios del PJF han cuestionado la legalidad de este movimiento, acusando al gobierno federal de apropiarse de recursos sin sustento jurídico.

Alerta por el uso discrecional del poder

Molina también vinculó este hecho con otras acciones recientes del gobierno, como la presunta presión del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, a una empresa para entregar tierras o enfrentar una expropiación. “Esto debe prender todas las alertas: si esto se hace con el Poder Judicial, ¿qué pasará con ciudadanos sin protección institucional?”, cuestionó.