La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió recientemente una sentencia clave que refuerza la autonomía de los tribunales de justicia administrativa. Este fallo, emitido el 8 de abril de 2025, aborda la controversia presentada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California contra normas locales que otorgaban al Congreso estatal la facultad de designar al titular del Órgano Interno de Control (OIC) de este tribunal. La decisión, que fue respaldada por mayoría de votos, es un claro recordatorio de la importancia de garantizar la independencia de los órganos jurisdiccionales en el país.
Contexto de la Controversia
El origen de este caso radica en una disposición legislativa del Estado de Baja California que facultaba al Congreso local para nombrar al titular del OIC del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Esta figura es clave en los sistemas de control interno, ya que se encarga de supervisar y garantizar la correcta gestión de los recursos públicos dentro del propio tribunal. Sin embargo, esta asignación de poder al Congreso generó preocupaciones respecto a la posible vulneración de la autonomía e independencia del tribunal.
La Postura de la Ministra Yasmín Esquivel
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las principales voces en este caso, destacó que el nombramiento por parte del Congreso del titular del OIC violaba los principios constitucionales de autonomía e independencia que deben regir en la administración de justicia, en particular en el ámbito contencioso-administrativo. En su intervención, Esquivel respaldó la invalidez de la norma local que otorgaba este poder al Congreso, señalando que dicha medida podía comprometer la imparcialidad y la autonomía del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de la justicia administrativa en Baja California.
La Invalidez de la Norma y la Fiscalización
Pese a esta invalidez, la Ministra Esquivel subrayó un punto crucial: la resolución de la SCJN no elimina los mecanismos de fiscalización del Tribunal. En su opinión, esta decisión no exime al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California de los procesos de revisión que realiza la Auditoría Superior del Estado, asegurando que, aunque se anule la intervención del Congreso local en la designación del titular del OIC, el Tribunal continuará sujeto a los procesos de control y fiscalización ordinarios. Esto garantiza que el Tribunal rinda cuentas de su gestión, sin comprometer su independencia.
Implicaciones de la Resolución para la Independencia Judicial
Esta resolución tiene implicaciones significativas para la autonomía de los tribunales administrativos en México. La SCJN reafirma la necesidad de que los órganos encargados de impartir justicia, especialmente aquellos relacionados con la fiscalización y control de los recursos públicos, operen con plena independencia, sin la injerencia de otros poderes que puedan influir en sus decisiones.
