Organizaciones y expertos alertan sobre los riesgos de la reforma que busca convertir la CURP en un sistema obligatorio de identidad digital con datos biométricos. Aunque se presenta como una medida para enfrentar la crisis de desapariciones en México, muchos consideran que podría violar derechos humanos fundamentales.
El gobierno mexicano, en su intento por frenar la crisis de desapariciones forzadas, ha propuesto una reforma que convertiría la CURP en una identificación única obligatoria con datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial. Sin embargo, esta iniciativa ha generado preocupaciones por el impacto que podría tener sobre la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
¿Por qué la CURP Biométrica genera controversia?
La reforma plantea modificar la Ley General de Población y la Ley de Desaparición Forzada, convirtiendo la CURP biométrica en el único documento oficial de identificación, desplazando así documentos como el acta de nacimiento, la credencial de elector y el pasaporte. Esta medida también implica la creación de una base de datos centralizada que almacenaría la información biométrica de toda la población, incluyendo menores de edad.
La obligatoriedad de la CURP biométrica, según expertos, pondría en riesgo la privacidad de los ciudadanos, ya que el uso de esta identificación podría estar vinculado a cualquier trámite público o privado, como abrir una cuenta bancaria o realizar gestiones en una oficina gubernamental. Aunque la propuesta menciona que el consentimiento de los ciudadanos sería necesario para recopilar sus datos biométricos, en la práctica, este consentimiento se vería coartado por la necesidad de acceder a servicios básicos, lo que pondría a las personas en una situación de “falso consentimiento”.
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A pesar de que la reforma se justifica como una medida para resolver el problema de las desapariciones forzadas, las organizaciones civiles y expertos en derechos humanos señalan que la propuesta no aborda las causas reales del fenómeno. Además, advierten que podría abrir la puerta a la vigilancia masiva, la exclusión social y el uso indebido de los datos biométricos, especialmente en un contexto de inseguridad y corrupción en el país.
Riesgos de privacidad y control social en la reforma
En países como Venezuela y Chile, los sistemas biométricos similares han fracasado al no reconocer adecuadamente a ciertos grupos vulnerables. En el caso de Venezuela, las personas trans no pudieron acceder a alimentos debido a que su apariencia no coincidía con su registro biométrico. Mientras tanto, en Chile, trabajadores manuales con huellas desgastadas enfrentaron problemas para usar sus identificaciones biométricas.
En México, el temor es que la CURP biométrica facilite la vigilancia masiva y el control social, normalizando un sistema de monitoreo de la población. Algunos activistas advierten que la implementación de esta tecnología podría seguir el modelo de control de migrantes, donde México comparte datos biométricos con Estados Unidos para facilitar las deportaciones.
Organizaciones civiles piden que se aborden de manera más efectiva las causas de las desapariciones forzadas y que la reforma no se utilice para justificar medidas que vulneren derechos fundamentales.
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