Yasmín Esquivel solicita permanencia de protección reforzada a víctimas de violencia sexual.
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¿Cuál fue el argumento de la SCJN para invalidar la protección?
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una disposición del Código Penal de Tamaulipas que imponía una pena fija de cinco años de suspensión para los servidores públicos agresores sexuales. La mayoría de los magistrados consideró que esta sanción no cumplía con el principio de proporcionalidad en la justicia, ya que no permitía a los jueces adaptar la pena según las circunstancias específicas de cada caso.
¿Por qué la ministra solicita la permanencia?
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de la decisión de la mayoría, argumentando que la invalidez de las penas fijas no debía prevalecer sobre la protección reforzada a las víctimas de violencia sexual. Esquivel señaló que, según la reciente reforma constitucional publicada en noviembre de 2024, se debe dar prioridad a la protección de niños, adolescentes y mujeres que sufren estos delitos, especialmente cuando el agresor es una persona servidora pública.
Esquivel resaltó que una de las formas más graves de violencia es cuando una persona en el ámbito público se aprovecha de su posición para cometer delitos sexuales. Esta situación, argumentó, requiere un enfoque más firme y especializado, con sanciones que respondan a la gravedad de los hechos.
¿Cuál es la importancia de la protección reforzada a víctimas?
La Ministra recordó que la SCJN ha validado, en ocasiones anteriores, sanciones fijas ante delitos similares, como ocurrió en 2007 con el Código Penal Federal. En ese caso, la Corte aprobó una norma con una pena fija para servidores públicos agresores sexuales, subrayando la importancia de proteger bienes jurídicos fundamentales, como la libertad sexual.
Con su voto disidente, Esquivel reafirmó la necesidad de que las normas se adapten a la nueva perspectiva constitucional que favorece una mayor protección para las víctimas. Según la Ministra, el principio de protección reforzada debe prevalecer sobre otras consideraciones legales, especialmente en casos tan sensibles.
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