Por:
Raúl Contreras Bustamante
Montesquieu afirmaba que cuando el poder no se encuentra limitado se convierte en tiránico y arbitrario, pero si el poder se atomiza entre diferentes órganos, ellos mismos se moderan y controlan, evitando que el ejercicio del poder instituido se vuelva ilimitado y absoluto.
La idea anterior viene a cuento debido al declive institucional que han sufrido los Organismos Constitucionales Autónomos en México, cuya confección constituía una tendencia hacia la configuración de un sistema presidencial más acotado.
Al comienzo del sexenio pasado existían diez instituciones con esta categoría constitucional. Desde el inicio del mandato comenzó un ataque sistemático en contra de los OCA, a los cuales se les calificó como entes demasiado burocráticos, caros, en los que se pagaban sueldos excesivos y que duplicaban funciones que seguían siendo atendidas por diversas entidades y dependencias de la administración pública.
Bajo el argumento de que no justificaba el gasto público y con base en medidas de austeridad, el 15 de mayo de 2019 —mediante una reforma constitucional— desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
Un nuevo golpe en contra de los Órganos Constitucionales Autónomos se concretó con otra reforma constitucional, cuya iniciativa presidencial fue presentada el 5 de febrero de 2024, y luego procesada y publicada ya durante el presente gobierno, que se denominó: “en materia de simplificación orgánica”.
A través de dicha enmienda se decretó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, así como los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
La reforma ha generado inquietud entre la ciudadanía y la academia, puesto que no han quedado claros los procesos administrativos que deberán seguirse para dar continuidad a las tareas que venían desempeñando los órganos extinguidos ni cómo se van a salvaguardar los derechos humanos que ellos garantizaban.
En virtud de la reciente aprobación de las leyes secundarias que marcan el final del Inai, estas preocupaciones se mantienen debido a la complejidad del entramado normativo creado y de la redistribución de facultades que van a hacer mucho más complejo el ejercicio ciudadano del derecho a la transparencia y acceso a la información gubernamental.
La Fiscalía General de la República, la CNDH, el INE, el Banco de México y el Inegi son los Organismos Constitucionales Autónomos que aún subsisten. Pero su captura no permite generar una confianza ciudadana sólida en su futura actuación, ya que sus actuales titulares guardan una estrecha relación con el Poder Ejecutivo o bien con la cúpula del partido en el gobierno.
Desde el Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, integrado por diferentes académicos de las más prestigiosas instituciones de educación superior, se seguirá trabajando con el objetivo de monitorear, analizar y proponer adecuaciones normativas para el cuidado y la preservación de los derechos que estos organismos han tenido a su cargo.
La desaparición de la mitad de los Organismos Constitucionales Autónomos obliga a cuidar los derechos que como sociedad tenemos. El abandono y la resignación siempre han sido tierra fértil para el abuso del poder.
Como Corolario, la frase de Ulises Schmill: “Los Organismos Constitucionales Autónomos son producto de un paulatino desprestigio por la actuación ineficiente de los órganos centralizados del poder del Estado”.
