Por: Raúl Contreras
En reiteradas ocasiones en este generoso espacio que me permite cada semana Excélsior, me he referido a la importancia que tiene la educación para nuestro país. Siempre será bueno recordar que, a lo largo de la historia de la humanidad, el acceso al conocimiento ha sido considerado como un privilegio exclusivo de las élites: monarquía, aristocracia y el clero.
Como el conocimiento da poder, éste se reservaba para pocos afortunados que lo utilizaban en su beneficio y con ello poder dominar a las mayorías. Las mujeres y los pobres no estaban convidados al banquete del saber.
El derecho a la educación debe considerarse como un derecho humano y fundamental, clasificado de manera inmediata después del derecho a la vida y a la libertad. Porque de poco o nada sirven los demás derechos, si la mayoría de la sociedad carece de elementos cognoscitivos para conocerlos, entenderlos, ejercerlos y defenderlos, cuando las instancias gubernamentales se los niegan.
La prueba PISA 2025 es una evaluación internacional realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que se ha forjado y consolidado como uno de los referentes educativos más prestigiados en el orbe.
En la administración pasada, el gobierno federal se negó y retrasó aceptar participar en este ejercicio de evaluación, que se lleva a cabo cada tres años y que en esta ocasión participarán alumnas y alumnos de 15 años, de más de 90 países.
La aplicación de PISA comenzó en 2000, con la participación de 28 países miembros de la OCDE y cuatro países no miembros de esta organización: 32 países en total. Sin embargo, al paso de los años se han incorporado cada vez más naciones y se ha convertido en la principal manera de evaluar el desarrollo de los miembros de la organización.
PISA se centra en tres competencias primordiales: ciencias, lectura y matemáticas. En cada edición, una de estas tres es considerada la competencia principal. De manera adicional, cada ciclo explora una competencia nueva. Este año, la competencia principal será ciencias y habrá dos competencias nuevas: aprender en el mundo digital y evaluación de la lengua extranjera.
Con seguridad, la razón para la resistencia a que se aplique se debe a los malos resultados que se han venido teniendo. En 2018, México se ubicó en los últimos tres lugares del ranking, y en la última edición, en 2022, se obtuvo el lugar 35 entre los 37 países miembros de la OCDE que fueron evaluados.
En el ciclo escolar 2000-2001 —año en que comenzó la prueba PISA— el sistema educativo nacional tenía más de 29 millones de alumnos y en la actualidad, para el ciclo escolar 2024–2025 se tiene reporte de un total de casi 35 millones de alumnas y alumnos.
De tal suerte que, en los últimos 24 años, nuestro sistema educativo ha aumentado el número de educandos en alrededor de 5 millones. Así de monumental es el reto que se tiene por delante en materia educativa.
Gracias a la interposición de un juicio de amparo promovido por una organización civil y tras concedérsele la suspensión definitiva por parte de un juzgado de Distrito, la prueba deberá ser realizada por la actual administración, lo cual es muy favorable. En materia educativa no podemos ser complacientes, porque el país se juega en ello su futuro.
