Por Adriana Delgado Ruiz | @AdriDelgadoRuiz
No recibirán ni un solo centavo de financiamiento público ni tienen permitido recibirlo de ningún privado porque así lo dispone el artículo 96 de la Constitución, tras la reforma judicial. Los candidatos a jueces, magistrados y ministros tendrán que pagar sus campañas con su propio dinero, sin exceder los 220 mil 326.20 pesos.
El argumento del INE es que el tope es bajo y parejo para garantizar la mayor equidad posible entre los candidatos, aunque al ser igual para todos los cargos en realidad está aplicando la misma vara para medidas muy distintas: mientras un aspirante a juez de distrito debe enfocarse en una jurisdicción territorial local, quien contiende para ser ministro de la SCJN o integrante del Tribunal de Disciplina Judicial debe convencer a todo el país.
Ahora, ¿para qué alcanzarán 220 mil pesos en dos meses de campaña? Si acaso, podrán volantear pero sólo con materiales biodegradables; construir redes de apoyo ciudadano, sin dinero de por medio, que hagan campaña de boca en boca; asistir a debates donde todos sus contendientes hayan sido invitados y hacer un poco de difusión mediante redes sociales digitales. Si bien no pueden hacer promesas más allá de apegarse a la ley para resolver juicios, tal pareciera que la difusión de su trayectoria y prestigio de honestidad no fuera fundamental en una elección tan delicada.
¿Por qué ese tope de 220 mil pesos es tan hipócrita? En el proceso electoral de 2024, una campaña a diputado federal podía gastar hasta dos millones 203 mil 262 pesos y una fórmula para el Senado, según la entidad a disputar, hasta 44 millones 65 mil 248 pesos, dineral que no salió de los bolsillos de los candidatos sino de todos los ciudadanos que pagamos impuestos.
Los partidos políticos nos costaron 10 mil 444 millones de pesos que no sirvieron para fortalecer nuestro sistema democrático, dado que la oposición está tan desacreditada que no logró los votos necesarios para ser el contrapeso del poder político necesario para el equilibrio en una república. El panorama abre bastantes preguntas: ¿requiere una reforma de fondo el diseño de nuestra democracia? ¿Está agotado el sistema de partidos? ¿Cómo avanzar hacia un poder público más ciudadanizado?
Si bien es sano que no haya injerencia de los partidos en la elección judicial para evitar al máximo posible la politización del sistema de justicia, ¿son menos importantes esas campañas con mucho menos recursos? Claramente, no debe ser así dado que estamos hablando del poder encargado de imponer y fomentar el estado de derecho tan necesario.
Una encuesta publicada al inicio de esta semana muestra que 56 de cada 100 mexicanos está poco o nada enterado sobre las próximas elecciones para jueces, magistrados y ministros. Es más, sólo el 12 por ciento sabe con precisión la fecha en que se realizarán. ¿No debería este proceso electoral incluir una campaña masiva sobre qué es y cómo funciona la justicia en el país? Si hay legisladores que no saben cuántos artículos componen la Constitución, ¿qué debería esperarse del resto de la ciudadanía?
El INE está generando que se cometa corrupción precisamente donde con más razón no debe haberla. El hecho de mentir u ocultar cantidades de dinero que rebasen un tope de gastos de campaña tan irreal, puede provocar la impunidad que justo el Poder Judicial debe combatir.
