Raúl Contreras Bustamante
Se acaban de hacer públicas las cifras que señalan que, en 2024, la empresa del Estado Pemex reportó una pérdida neta de 620,605 millones. La cifra de referencia puede ser un parámetro importante y para realizar un ejercicio comparativo con el rubro de la educación superior en México.
En el mismo año, el presupuesto para educación superior del país ascendió a 165,466 millones de pesos. De acuerdo con cifras oficiales, durante el periodo entre 2018 y 2024, a la educación superior —en promedio— se le destinó 16.8% del presupuesto del Sistema Educativo Nacional.
En 2018 se asignó al mismo rubro 119,819 millones de pesos y, para 2024, el monto ascendió a 165,466, lo que significó un incremento constante anual de 0.5% en el presupuesto.
México tiene más de 129 millones de habitantes, con un promedio de escolaridad —en la población de 25 a 64 años— de tan sólo 10.3 años de estudios, lo que se traduce: sin educación media terminada.
La Secretaría de Educación Pública informó que para el ciclo escolar 2023-2024 se tuvo una cobertura aproximada de 4.9 millones de alumnos; que representa sólo 44.5% de la población potencial. Es decir, se sigue teniendo una importante deuda con 55.5% de los jóvenes que tienen derecho a recibir una educación superior.
De acuerdo con la reforma constitucional de 2019, la educación superior que imparte el Estado fue incluida —junto con la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior— para que se dé de manera gratuita. Esta obligación constitucional involucra un enorme reto en materia presupuestal para poder facilitar el acceso a estos estudios tan estratégicos a más estudiantes.
La educación es un derecho humano fundamental. Es un “derecho llave” que permite a las personas poder conocer, entender, ejercer y defender a otros derechos esenciales.
Los organismos internacionales —aun los de corte financiero— han dejado de considerar a la educación sólo como un ingrediente que contribuye al desarrollo de los países, para reconocer que es el principal elemento que posibilita la superación de las personas e impulsa el progreso de las naciones.
En 2019, México se convirtió en el primer país en el mundo en establecer de manera expresa en su texto fundamental el compromiso de impartir de manera gratuita la educación superior de carácter público.
Sin embargo, han hecho falta políticas públicas sólidas y contar con el presupuesto suficiente para cumplir en realidad con lo dispuesto por la norma fundamental.
Resulta conveniente reiterar el hecho de que destinar recursos para la educación no debe ser considerado como uno más de los gastos gubernamentales, sino como la más importante inversión estratégica para el desarrollo nacional.
La educación es el verdadero camino para sacar a las personas de la pobreza y tratar de disminuir las lacerantes diferencias sociales que nos agobian. En estos momentos en que el mundo ya se prepara para enfrentar la cuarta revolución industrial —después del vapor, la electricidad y el internet— que representa la inteligencia artificial, resulta impostergable la reconsideración del presupuesto para impulsar a la educación superior.
Resulta doloroso saber que el año pasado Pemex perdió 3.75 veces el presupuesto destinado a este nivel educativo.
Como Corolario una idea que he venido sosteniendo en mis investigaciones: “La educación ayuda a las personas a entender el mundo; la educación superior les permite cambiarlo”.
