Por: Raúl Contreras Bustamante

La academia y el periodismo suelen ser fuertes aliados. Ambas actividades se nutren y hacen de la luz de las ideas y la transmisión del conocimiento hacía los demás, su materia prima.

Y es que en el desarrollo de las sociedades democráticas existen libertades cruciales. Una de ellas es la libertad de expresión, pues la deliberación y el intercambio de ideas serían imposibles sin el derecho que tenemos las personas de poder exteriorizar nuestro sentir. La libertad de expresión es un derecho clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales.

Para garantizar la libertad de expresión nuestra Constitución la ha tutelado en sus artículos 6 y 7, que establecen que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa y que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio.

Una variante importantísima es la libertad de prensa, pues quienes ejercen el periodismo son observadores permanentes del ejercicio del poder —sea institucionalizado o detentado por poderes fácticos—; y su labor de informar con frecuencia suele molestar a los poderosos, que se sienten incómodos de ser vigilados o criticados.

Lo anterior cobra relevancia al conocer los resultados del más reciente informe del Comité de Protección de Periodistas (CPJ) —por sus siglas en inglés— que señala que 2024 fue el año más letal para los periodistas en el mundo, pues fueron asesinados 124. Por lo que toca a nuestro país, México fue el país de Latinoamérica donde más periodistas fueron asesinados, al registrar cinco homicidios.

De 1998 a 2024 han sido asesinados 147 periodistas en México, lo que clasifica a nuestro país como uno de los países más peligrosos del mundo y nos ubica dentro de los diez países más letales para ejercer el periodismo, junto con Sudán, Pakistán, Siria o Irak. A ello hay que agregar que también estamos entre los diez países con peor historial de impunidad.

Según el propio Comité, en promedio en el mundo, 80% de los crímenes contra comunicadores quedan impunes, lo que perpetúa el temor en el gremio por su fragilidad e indefensión.

El ejercicio del periodismo en México es delicado por las reacciones de quienes ejercen el poder político, como también —hay que decirlo— por quienes se dedican a la delincuencia organizada que al ser objeto de investigaciones y denuncias persiguen a los reporteros, amedrentándolos, amenazándolos, incluso privándoles de la vida con tal de acallarlos.

El tema de la protección a los periodistas adolece del mismo mal que numerosas cuestiones en nuestro país. Contamos con un modelo y diseño teórico normativo ejemplar, pero su efectividad se desdibuja al momento de operarlo.

Sólo por poner un ejemplo. México cuenta desde 2012 con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, el presupuesto para la defensa de activistas y periodistas para este año será 598 millones de pesos; 4% menos que en 2024, en que se destinaron poco más de 624 millones.

Nos enfrentamos a un problema de elevada complejidad, pues la protección al ejercicio del periodismo no sólo supone evitar los ataques contra la vida de los periodistas, sino también a la de sus familias y su integridad, así como a su patrimonio.

La construcción de un verdadero Estado de derecho es inconcebible sin una prensa libre y cuyas condiciones de seguridad estén garantizadas por el Estado.

Como Corolario la frase de Albert Camusperiodista, filósofo y escritor francés: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.