Corrupción en las instituciones públicas, áreas de oportunidad para el cambio
Por: Mgdo. Dr. Luis Eduardo Gómez García
Es claro que la percepción de confianza en las autoridades, sea cuales fuere estas, por parte de la ciudadanía, se ha visto severamente desgastada, dado que desde el primer acercamiento de las y los ciudadanos con cualquier institución pública, la larga carga burocrática y el desgate propio del personal que labora en ellas, es notable en el trato al ciudadano, tan solo a finales del año 2021, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) más del 55% de la población del Estado de México manifestó un poco o mucha desconfianza en las instituciones públicas.
Esta grave dolencia que se tiene no solo en el Estado, sino en los países en general, obstaculiza el desarrollo económico y social, así como contribuye al crecimiento de la desigualdad entre los habitantes mexiquenses para el caso que nos atañe.
Para cualquier consulta, conferencia, plan de enfoque de políticas públicas, etc. la corrupción versa sobre el servidor público con mando decisorio que no cumple con su trabajo, que recibe dadivas para poner en marcha al órgano como tal, suele referirse al mero hecho de dar o recibir dinero por un trámite o servicio gratuito, o incluso al mal uso de los recursos de la propia institución.
Específicamente para el caso del Estado de México, las políticas anticorrupción tienen un enfoque tendiente a ser precautorio dentro de la administración pública, es decir tenían por objetivo inhibir cualquier clase de conductas que pudieran ser consideradas dentro del ámbito de la corrupción, informando a los servidores públicos cuales podrían encuadrar y que aunque fuera por ignorancia o convención social fueran practicadas de manera regular dentro de los ámbitos de trabajo, estos esfuerzos buscan fortalecer la ética en el servicio público y promover la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los recursos del estado.
El problema de estas prácticas surge cuando las mismas se limitan a realizarse mediante material impreso tipo carteles y conferencias dirigidas al personal de servicio público, que aunque sean llevadas a cabo de forma presencial o virtual, las mismas no son preparadas por personal con conocimientos pedagógicos y/o psicológicos para lograr el adecuado entendimiento de las mismas.
Esto es, se llevan a cabo conferencias tediosas de larga duración, con personal que únicamente indica y enlista las conductas que podrían ser agrupadas como parte del problema social de la corrupción, sin que se logre el objetivo de concientizar realmente al servidor público, y mucho menos realizar una inhibición real de los actos per se. De igual forma, el material distribuido de manera impresa en las instituciones gubernamentales, funge únicamente como un cartel más en la masa que se encuentra distribuida a lo largo de los espacios gubernamentales, sin que realmente tenga un impacto medible y observable dentro de los espacios laborales o en la cultura organizacional de las instituciones. Estos enfoques tradicionales, aunque bien intencionados, suelen ser superficiales y carecen de una estrategia efectiva que logre transformar la mentalidad y las prácticas diarias de los servidores públicos. En lugar de generar una reflexión profunda sobre la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, se limitan a cumplir con una formalidad administrativa que no toca las raíces del problema. La corrupción, en este sentido, no se enfrenta solo con discursos ni con materiales informativos, sino que requiere de una reestructuración integral en la manera en que se percibe, se previene y se sanciona. Es necesario que las instituciones adopten un enfoque más dinámico y personalizado, que involucre una capacitación continúa y adaptada a las realidades de cada contexto, así como mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto de las acciones implementadas.
Ahora bien, es pertinente aclarar también que gran parte de la percepción social de corrupción en las instituciones es errónea y se enfoca sobre todo a la gran carga laboral que tiene cada uno de ellas, esto es perceptible sobre todo en los entornos de procuración de justicia, ya que el ciudadano asimila el hecho de la tardanza en los expedientes, en la atención o en los propios errores humanos como algo intencional personal y dirigido a cada uno de ellos.
El problema radica también en las formas de sanción que existen dentro de los ámbitos públicos, aun cuando es innegable que las conductas de violencia de género, acoso u hostigamiento constituyen una prioridad para todos, lo debe ser también la sanción de conductas acreditadas como corrupción, dado que las mismas son consideradas faltas no graves por los órganos internos de control y las sanciones derivadas de ellas no permiten que los infractores dimensionen a cabalidad las conductas cometidas, es decir el castigo no corresponde a la infracción y por tanto continúa repitiéndose la misma.
