La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, expresó críticas hacia el proyecto de sentencia propuesto por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Este proyecto plantea que el Senado, los Comités de Evaluación, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el propio Tribunal Electoral suspendan cualquier actividad relacionada con la reforma judicial, alegando que las decisiones del TEPJF sobre la reforma no deberían prevalecer sobre las suspensiones emitidas en juicios de amparo.
Críticas del Tribunal Electoral
Soto cuestionó el enfoque del proyecto, señalando que las primeras 15 páginas del mismo se centran en descalificaciones hacia el TEPJF, acusándolo de exceder sus facultades. Describió el tono del proyecto como si estuviera “escrito con lágrimas y mucho dolor”, sugiriendo que sería una tragedia que el trabajo del alto tribunal se redujera a estos términos, lo cual afectaría la seriedad de un “gran proyecto”.
Posición de los Magistrados y la Suprema Corte
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña también dejó en claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tiene facultades para resolver este tipo de controversias electorales, ya que el Tribunal Electoral posee la competencia para dictar las decisiones sobre el ámbito electoral, incluyendo los procedimientos relacionados con las elecciones judiciales.
El proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena, sin embargo, sostiene que las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, en las que se permitió al INE continuar con las actividades de elección judicial en junio, carecen de validez para invalidar las suspensiones de amparo dictadas por los jueces. Según el proyecto, el Tribunal Electoral no tiene capacidad para contradecir las suspensiones judiciales de los tribunales de circuito o de la propia Corte.
La Tragedia del Desacuerdo Institucional
Uno de los puntos más críticos del proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena es el análisis de la situación de “desacato” y la ruptura institucional entre los órganos del poder judicial. El ministro señala que este choque de poderes refleja una crisis institucional más profunda, donde cada poder parece tener su propia interpretación de la ley y puede decidir cuándo cumplirla o no.
El proyecto describe esta disputa como una “tragedia”, ya que, a pesar de que las instituciones buscan defender el orden constitucional, se ha llegado a un punto en el que no hay claridad sobre quién debe tener la última palabra en este tipo de controversias. Este escenario, según Gutiérrez Ortiz Mena, pone en peligro la fortaleza del Estado y la credibilidad de las instituciones.
Conclusiones del Proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena
El proyecto del ministro plantea que, debido a la controversia sobre las suspensiones de amparo, el TEPJF carece de competencia para invalidarlas. A pesar de que la Sala Superior haya dictado sentencias que desafían estas suspensiones, el proyecto subraya que el Tribunal no tiene la autoridad para revocar formalmente las suspensiones sin violar el marco constitucional.
Además, el proyecto critica la improcedencia de los amparos en materia electoral, con base en el artículo 107 constitucional y la Ley de Amparo, lo que refuerza la posición de que el TEPJF no debería intervenir en estos asuntos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se enfrenta a una controversia sobre su papel en la reforma judicial y su capacidad para decidir sobre las suspensiones de amparo emitidas por los jueces. Las críticas apuntan a que la intervención del Tribunal podría no ser válida y que el desacuerdo entre las instituciones del poder judicial refleja una crisis de autoridad y la disolución de la fortaleza institucional.
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