Reacciones internacionales
El tribunal internacional hizo un llamado a la comunidad global para que “se una en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales” tras el anuncio de Trump. La CPI subrayó que las sanciones afectarán la independencia de su labor judicial y reiteró su compromiso con la justicia, a pesar de las amenazas.
Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, mostró su apoyo a la CPI, advirtiendo que las sanciones “socavan el sistema de justicia penal internacional”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también defendió la importancia de la Corte y su capacidad para luchar contra la impunidad global, destacando la necesidad de que la CPI “pueda operar libremente en su trabajo”.
En una línea similar, el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sugirió que la verdadera razón de las sanciones de Trump radica en que la Corte está investigando a figuras aliadas de Estados Unidos, como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre presuntos crímenes de guerra en Gaza.
Apoyo de Israel y Hungría
Los gobiernos de Israel y Hungría respaldaron la decisión de Trump, calificando a la CPI como un “instrumento político” que desacredita el sistema judicial internacional. Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto por supuestos crímenes de guerra en Gaza, agradeció a Trump por su “valiente” acción contra la Corte.
Desde Hungría, el ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, justificó las sanciones, argumentando que la CPI se ha convertido en una herramienta política tendenciosa y ha perdido su legitimidad. Ambos países criticaron abiertamente el trabajo del tribunal, acusando a la Corte de tener una agenda política.
Medidas contra funcionarios de la CPI
La orden ejecutiva de Trump incluye restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para funcionarios de la CPI que participen en investigaciones que involucren a ciudadanos estadounidenses o sus aliados. La CPI, establecida bajo el Estatuto de Roma, se encarga de juzgar crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y agresión, aunque países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros y no reconocen su jurisdicción.
El gobierno de los Países Bajos, sede de la CPI, lamentó la decisión de Trump, defendiendo la labor de la Corte en la lucha contra la impunidad, mientras que en el ámbito político, el líder de la derecha radical de ese país, Geert Wilders, sugirió que la CPI debería abandonar La Haya.
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