Desalojo y Robo Millonario en la Fábrica
El pasado 18 de enero se registró un desalojo en la fábrica de grasa y pinturas para calzado “El Oso”, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Este desalojo fue resultado de un embargo derivado de un adeudo de aproximadamente 888 mil pesos en un juicio civil. Sin embargo, lo que parecía ser un simple procedimiento judicial se transformó en un robo millonario que ha dejado a la empresa y su representante legal en shock.
El desalojo, que se llevó a cabo en las instalaciones situadas entre el Eje 8 Sur Popocatépetl y Eje Central, tenía como fin asegurar el cumplimiento de una sentencia judicial. A pesar de que el embargo de la fábrica estaba relacionado con un proceso legal, la sorpresa vino cuando, durante la operación, se denunció el robo de las ventas del mes y una importante cantidad de dinero en efectivo, así como equipo de cómputo y material sensible de la empresa.
Robo de Más de 2 Millones de Pesos
El representante legal de “El Oso”, Mario Alberto Cardona, denunció el robo de más de 2 millones de pesos en efectivo, así como de equipos tecnológicos y otros materiales de gran valor. En los videos presentados por el abogado de la compañía, se observa a varias personas vestidas de negro dentro de las instalaciones, sacando cajas llenas de dinero y metiéndolas en vehículos. Las imágenes han generado gran conmoción, ya que muestran con claridad la rapidez y el descaro con que se cometió el robo.
El abogado también indicó que el robo fue perpetrado en un contexto de desorden y violación de protocolos. De acuerdo con su versión, la seguridad del lugar no fue identificada adecuadamente, ya que 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron los encargados del desalojo, algunos de ellos sin identificarse y con pasamontañas. Esto ha dado pie a que la empresa “El Oso” presente denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Denuncias y Posibles Consecuencias Legales
Ante los hechos, la empresa ha interpuesto dos denuncias penales: una por robo y otra por daños, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. El abogado de la compañía asegura que el desalojo se llevó a cabo de manera ilegal, sin cumplir con los procedimientos establecidos y con evidente abuso por parte de las autoridades involucradas. Además, hizo un llamado a la justicia para que se esclarezca lo sucedido y se sancione a los responsables.
Las nuevas imágenes que han salido a la luz siguen alimentando la polémica. Se observan a personas que no se identifican claramente como funcionarios públicos ingresando a las oficinas y sustrayendo dinero de la tesorería, lo que ha generado más dudas sobre la legalidad del procedimiento.
Con los videos como evidencia, la situación ha quedado expuesta, y la empresa busca justicia a través de las autoridades correspondientes. El futuro del caso está ahora en manos de la Fiscalía, mientras las autoridades federales analizan las pruebas presentadas.
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