Ricardo Homs
Bien sabe Donald Trump que hoy no es difícil negociar con México, pues somos muy reactivos y predecibles ya que estamos desunidos, -a diferencia de Canadá-, donde todos van en la misma línea. Sólo bastaba con aventar el avispero a este lado de la frontera y sentarse a esperar.
El avispero ha sido la declaratoria de terroristas para nuestros cárteles, con una serie de implicaciones que alcanzan hasta a los políticos que les han protegido volteando la cara hacia otro lado para no ver las atrocidades que con su indiferencia toleran.
Las reacciones que hoy vemos también tienen que ver con sus conciencias y sus temores de aparecer en el libreto de los testigos protegidos que pronto empezarán a dar su testimonio ante las cortes de Estados Unidos, con lo cual muchos políticos aún hoy en funciones podrían participar dentro del reparto de esta obra de alto raiting y grandes implicaciones para los seleccionados.
Ya empiezan a perfilarse las narrativas históricas de siempre, vinculadas con la confrontación entre conservadores y liberales de hace más de 150 años, ante lo cual, – como siempre-, la 4T se asigna el rol de liberales patriotas y a sus adversarios políticos de oposición el de traidores vendepatrias, -alineados con los extranjeros-, como los que trajeron al emperador Maximiliano de Habsburgo.
Hasta ahora ha sido unánime el rechazo a una intervención militar o policial norteamericana en busca de delincuentes. Unos lo hacemos por respeto a nuestra soberanía y amor por nuestra patria y su dignidad, pero otros porque la pesadilla que los persigue es despertar un día y estar esposados en un vuelo con boleto sólo de ida a Estados Unidos, como le sucedió al Mayo Zambada.
Sin embargo, La amenaza está cantada: con o sin la participación de nuestro gobierno, la administración Trump se lanzará contra el monstruo criminal.
Por tanto, para proteger nuestra autonomía y seguridad nacional, será imprescindible que el gobierno de la presidenta Sheinbaum participe de forma coordinada y efectiva, cuidando que no se rebasen los límites de una colaboración pactada y respetuosa.
La forma en que se llevaron al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a su territorio, -de forma quirúrgica-, muestra la forma en que opera el gobierno norteamericano. De este modo están logrando tener información estratégica de primera mano, -proporcionada por los protagonistas-, lo cual ha puesto a temblar a muchos miembros destacados de la 4T que no tienen la conciencia tranquila.
La historia de Hércules enfrenando al monstruo Hidra, -documentada en la mitología griega-, aplica con claridad para visualizar el impacto que tendrá la ofensiva norteamericana en contra de los cárteles mexicanos, calificados ya como terroristas.
Esta leyenda narra que a Hércules le encomendaron matar a la gigantesca serpiente acuática Hidra, poseedora de siete cabezas. El reto era grande, pues al cortarle una cabeza, ésta de inmediato era sustituida por dos que nacían en su lugar. Por tanto, este héroe mitológico pidió ayuda a su sobrino Yolao, pues mientras él cercenaba cada una de las cabezas con su espada, Yolao con una antorcha cauterizaba cada cuello sangrante para evitar que naciese otra en sustitución de la anterior.
Este antiquísimo mito nos refleja los retos de México frente a este nuevo escenario. Cada vez que un cártel de gran tamaño sea aniquilado, -o simplemente debilitado o disminuido-, dejará libre un espacio que se disputarán los cárteles medianos y pequeños, lo cual podría incrementar el nivel de violencia en nuestro país de forma exponencial.
Sólo un trabajo coordinado entre nuestros dos gobiernos, -norteamericano y mexicano-, podrá restablecer el orden y la paz. A nuestro gobierno corresponderá asumir el rol mitológico del sobrino Yolao y lanzar una ofensiva contra los cárteles medianos y pequeños para evitar que se fortalezcan y crezcan.
La presidenta Sheinbaum no puede permitirse repetir la misma historia de Felipe Calderón, quien con buena voluntad emprendió una batalla en contra de los cárteles de la droga sin tener preparada una estrategia para evitar que los espacios de liderazgo que dejaran vacantes los grandes capos de esa época, no fuesen cubiertos de inmediato por aspirantes aún más violentos que los anteriores y que además, el proceso de selección se llevase a cabo a través de enfrentamientos que sembraron muerte y destrucción, lo que aún hoy se recuerda como “la guerra de Calderón”.
No se podrá tener éxito al dar la batalla en contra del crimen organizado si no es de forma integral, comprometida, y en todos los frentes y niveles de forma simultánea, pues hacerlo de forma parcial o selectiva, -como hasta hoy ha sido, desde hace varias décadas-, termina favoreciendo a unos cárteles y perjudicando a otros. Esta lucha simplemente se convierte en un factor de recomposición de equilibrios, de fuerzas y de liderazgos.
Ser tolerantes con unos cárteles y duros con otros, puede incendiar al país transfiriendo el poder que hoy tienen unos, a los otros, para que todo siga igual.
Sin embargo, afrontaremos esta batalla que será detonada por Estados Unidos, -porque ya fue anunciado a través de las primeras órdenes ejecutivas promulgadas por el presidente Trump apenas asumió el cargo-, con un sistema judicial inexperto y en su proceso de capacitación y aprendizaje, después de una elección populista donde siempre quedará la duda de si el crimen organizado no habrá impulsado el triunfo de muchos jueces y magistrados afines a sus intereses.
Por lo tanto, llevar adelante esa elección, -en este contexto detonado por el presidente Trump-, será un acto de total irresponsabilidad, que sumirá en una profunda crisis a todo el aparato de impartición de justicia de este país. Empezando porque el rezago será monumental.
Una cosa es cambiar sólo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -como lo hizo el presidente Zedillo-, pero dejando intactos los niveles operativos, -como jueces y magistrados-, y otro muy diferente un cambio radical como lo pretende instrumentar esta reforma improvisada y realizada sobre las rodillas por consigna, para agradar a López Obrador el día de su cumpleaños, cual si fuera “su alteza serenísima”.
Por un elemental sentido de emergencia ante este nuevo contexto, la presidenta Sheinbaum debiese buscar un mecanismo jurídico para frenar la instrumentación de esta sustitución de jueces y magistrados, para consolidarla en un momento más oportuno, -más adelante-, cuando haya claridad que garantice certeza política y gobernabilidad.
¿Y LA SOLIDARIDAD?
Un tráiler que transportaba tubos de metal volcó en el municipio de Tlacolulan, -en el libramiento entre Perote y Xalapa, Estado de Veracruz-, provocando la muerte de dos personas. Sin embargo, mientras el trailero y su hijo agonizaban, la comunidad llegó a desvalijar el camión, en lugar de ayudar a los heridos.
La justificación de conductas delictivas como ésta, -a partir de victimizar la pobreza-, tiene a nuestro país sumido en una crisis de valores. El despojo ya en sí es un delito, pero dejar morir a los accidentados para robar antes de que lleguen las autoridades es un crimen.
LA REPRESIÓN
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó a la dirección jurídica del TEPJF denunciar ante la FGR a Sergio Santamaría Chamú, juez primero de distrito en Michoacán, quien ordenó a los comités de evaluación de los Tres Poderes de la Unión suspender la preparación del proceso electoral judicial de junio.
Convertir a un juez, que en el ejercicio de sus funciones constitucionales emite una resolución en un delincuente que debe ser perseguido por la Fiscalía General de la República, muestra su talante autoritario, pues en lugar de combatir jurídicamente esta medida la pretenden llevar al plano del castigo.
No olvidemos que los miembros actuales del TEPJF fueron quienes le regalaron a Morena y aliados la sobrerrepresentación que no ganaron en las urnas, para permitirles agandallar el Congreso e imponer unilateralmente y de forma soberbia sus caprichos legislativos, cuando debían haber privilegiado el espíritu de la ley electoral que creó el modelo vigente de composición de las cámaras para evitar que los partidos mayoritarios ignoren y avasallen a los minoritarios, como hoy lo hacen Morena y aliados con la oposición.
VICIOS JURÍDICOS
Seguir privilegiando que mientras no haya denuncias de las víctimas se presume que no hay delito, -aunque este sea evidente-, es una forma que hoy tienen los tres niveles de gobierno del Poder Ejecutivo para escabullir responsabilidades judiciales.
Todos sabemos que el alto nivel de impunidad de los delitos, -superior al 90%-, se debe primeramente al temor, -muy bien fundamentado-, de que los delincuentes denunciados tomen represalias contra sus denunciantes, en contubernio con las autoridades.
Por otra parte, el mexicano no denuncia porque no tiene confianza en las autoridades, -primeramente-, porque no tiene seguridad de que no estén coludidas y protegiendo a los delincuentes. Como una razón última, porque consideran tiempo perdido las diligencias judiciales si a final de cuentas se va a archivar el expediente y no le darán seguimiento.
Este es el verdadero origen de la impunidad. La actitud de las autoridades de culpar al ciudadano por no denunciar es la actitud cómoda para ignorar el delito y decir “aquí no pasa nada” porque somos muy eficientes. De este modo todos los reportes sobre seguridad muestran cifras manipuladas, no creíbles y que contrastan con la realidad que de primera mano percibe el ciudadano.
Evitar estos vicios de origen debía haber sido el corazón de la “reforma judicial” y no la sustitución de funcionarios, que fue la forma de apoderarse desde el Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Es la destructiva herencia lopezobradorista.
LA CARTA
La carta dirigida a los senadores de Morena, -la cual fue publicada el 30 de diciembre pasado por el periódico El Universal con el título “Ve Morena alzamientos armados si EU interviene”-, merece una explicación por parte de quien la redactó.
Según publicó Ricardo Pascoe Pierce en el periódico El Heraldo, -quien investigó el origen de este documento-, la redacción de esta carta es atribuida directamente a López Obrador,
La carta define que una intervención directa del gobierno de Estados Unidos en nuestro país podría generar levantamientos por parte del pueblo, lo cual tiene dos interpretaciones: o esta es una simple llamada de alerta respecto de un probable fenómeno social que pudiera formarse espontáneamente, o es la amenaza clara y directa de promoverlo, lo cual podría interpretarse como una rebelión.
Sin embargo, -fuere lo que fuere este documento-, es un hecho inocultable que funcionarios gubernamentales desde hace muchos años han solapado la actividad de la delincuencia organizada, -ya sea bajo amenaza-, o en complicidad.
¿A usted qué le parece?
